El Colegio que nuclea a los ingenieros bonaerenses este viernes manifestó su preocupación por la paralización de obras de infraestructura, las dificultades para sostener la actividad profesional y la falta de articulación entre los distintos niveles del Estado para abordar problemas estructurales vinculados a caminos rurales, hidráulica y energía.
En diálogo con este medio, desde la entidad que conduce Jorge Castellano señalaron que una de las prioridades actuales del Colegio pasa por acompañar a los matriculados en un contexto económico complejo y, al mismo tiempo, modernizar su funcionamiento interno. En ese marco, Castellano informó que trabajan en la implementación de un nuevo sistema de gestión destinado a agilizar trámites y reducir tiempos burocráticos.
Según explicaron desde el Colegio, el sistema actual ya cumplió un ciclo tras una década de funcionamiento y esperan que la nueva herramienta quede operativa durante el segundo semestre de este año. “Queremos agilizar y bajar los tiempos burocráticos de la gestión colegial”, remarcó el referente de los ingenieros bonaerenses.
En paralelo, el Colegio impulsa actividades técnicas y académicas vinculadas a distintas ramas de la ingeniería. Durante el último año organizaron congresos sobre hidráulica y energías renovables, mientras que para los próximos meses prevén nuevos encuentros en Mar del Plata y Bahía Blanca vinculados a ingeniería en alimentos y energías alternativas.
En ese contexto, desde la institución insistieron en la necesidad de avanzar con obras de infraestructura que permitan fortalecer la producción bonaerense y mejorar las condiciones logísticas del interior provincial. “Entendemos que para cada problema hay una solución diferente y eso es lo que hay que buscar entre todos”, sostuvo el titular del Colegio.
Las autoridades también plantearon preocupación por la falta de coordinación entre organismos públicos y consideraron que esa situación dificulta la ejecución de políticas de largo plazo. “No puede haber sectores del campo que, en vísperas de una cosecha récord, no puedan sacar su producción en cualquier clima y en todo momento”, expresaron desde el Colegio al referirse al estado de los caminos rurales bonaerenses.
Asimismo, los referentes de los ingenieros bonaerenses destacaron iniciativas relacionadas con bonos de carbono y herramientas económicas destinadas a facilitar inversiones en generación energética alternativa. Desde la institución, señalaron que el objetivo es promover obras y proyectos “con fondos públicos, mixtos o privados”, según las características de cada caso.
En esta línea, desde el Colegio recordaron que una de las funciones establecidas por ley es el asesoramiento a organismos públicos, aunque cuestionaron que muchas veces las autoridades no convocan a profesionales especializados para abordar problemáticas estructurales. Aunque, la institución reconoció que mantienen diálogo institucional con funcionarios provinciales y destacaron la participación de autoridades del área hidráulica en congresos organizados por la entidad.
Por caso, los ingenieros bonaerenses plantearon que los problemas vinculados a infraestructura y conectividad rural requieren una planificación conjunta entre municipios, productores y especialistas técnicos. Según detallaron, gran parte de los caminos rurales de la provincia dependen de las administraciones municipales y actualmente los recursos disponibles resultan insuficientes para sostener su mantenimiento. “Hay más de 100 mil kilómetros de caminos en la provincia y casi 80 mil son municipales”, explicaron al describir la dimensión del problema.
Ingenieros bonaerenses vuelven a advertir por Catastro
Durante la entrevista, representantes del Colegio también se refirieron al conflicto registrado en la Dirección Provincial de Catastro Territorial, dependiente de Agencia de Recaudación (ARBA), que durante las últimas semanas provocó demoras en distintos trámites vinculados al sector inmobiliario y profesional.
En este sentido, los ingenieros bonaerenses aclararon que si bien existieron avances en las negociaciones, la situación todavía no terminó de normalizarse. Según explicaron desde el Colegio, las demoras impactaron directamente sobre profesionales que trabajan con estados parcelarios y cédulas catastrales, aunque también afectó a otros sectores vinculados a la construcción y las refacciones de viviendas.
Desde la entidad, remarcaron que detrás de cada trámite paralizado existe una cadena económica más amplia integrada por albañiles, electricistas, gasistas, pintores, corralones y proveedores de materiales. “Todo ese sector no puede estar trabado por un conflicto que tarda 60 días en resolverse”, cuestionaron.
