Judiciales bonaerenses repudiaron la prohibición para difundir los audios de Karina Milei

El gremio de judiciales bonaerenses rechazó la prohibición dictada por el Poder Judicial sobre la difusión de los audios de Karina Milei referidas al escándalo de coimas.

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Este martes, los judiciales bonaerenses nucleados en el gremio AJB a repudiar la reciente decisión del juez federal Alejandro Patricio Maraniello, que prohíbe a los medios de comunicación difundir los audios en los que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se refiere al escándalo de las coimas en Discapacidad.

“Repudiamos enérgicamente las recientes acciones del Gobierno nacional que buscan silenciar a la prensa y restringir el derecho a la información, afectando principios fundamentales de nuestro sistema democrático”, escribió la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

A comienzo de esta semana, el gobierno de Javier Milei radicó dos denuncias penales contra los periodistas que dieron a conocer en sus respectivos programas los audios que involucran a Karina Milei. Según el Presidente de la Nación, esto se trata de una “operación de inteligencia para grabar conversaciones privadas”, y exigió que se detenga de manera inmediata la difusión de más material audiovisual.  

“Las medidas adoptadas, entre ellas la cautelar que prohíbe la difusión de audios grabados en la Casa Rosada y el pedido de allanamientos a medios y periodistas, constituyen un preocupante avance sobre la libertad de expresión y la protección de las fuentes periodísticas, pilares esenciales para garantizar la transparencia y el control ciudadano”, expusieron los judiciales bonaerenses.

En ese sentido, la AJB recordó que la libertad de expresión y el derecho a difundir información están protegidos por la Constitución Nacional, la ley de Acceso a la Información Pública y otros tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana.

Judiciales bonaerenses repudiaron la prohibición judicial sobre la difusión los audios de Karina Milei

“Reclamamos el cese inmediato de toda medida de persecución, censura o intimidación contra periodistas y medios. El respeto irrestricto al secreto profesional y a la reserva de las fuentes periodistas, resguardando su rol esencial en la democracia y la garantía plena del acceso a la información pública y la transparencia en los actos de Gobierno”, subrayaron los judiciales bonaerenses.

Por último, desde el gremio a cargo del secretario general Hugo Russo se solidarizaron con “los periodistas perseguidos”, convocaron a las organizaciones democráticas “a mantenerse alerta” y advirtieron que “el uso abusivo de herramientas judiciales para limitar la difusión de información de interés público sienta un precedente incompatible con la vigencia del Estado de Derecho”.

Al igual que los judiciales bonaerenses, periodistas rechazaron la prohibición de los audios

Al unísono que los judiciales bonaerenses, en las últimas horas la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó “todas aquellas decisiones de funcionarios públicos por las cuales se ordene no difundir información, en especial cuando se trata de información relativa a funcionarios públicos o a hechos de interés o relevancia institucional”.

“La reciente sentencia de la justicia en lo Civil y Comercial Federal por la cual se prohíbe a todos los medios de comunicación la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno de la Nación atribuidos a la Secretaria General de la presidencia, es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”, expresaron desde ADEPA.

En esta línea, el gremio de periodistas recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que cualquier medida que limite la circulación de información “es un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión”, y puntualizó que la prohibición de difusión de los audios de Karina Milei es una decisión judicial que va en contra del artículo 14 de la Constitución Nacional, que vela por el derecho a “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”.

“La publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores y el gobierno puede promover la investigación y sanción de los delitos que puedan haber dado lugar a la grabación de los audios, del mismo modo que puede procurar la sanción de cualquier funcionario que haya violado sus deberes de secreto”, cerró ADEPA.

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