En el marco de una causa por inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con el fin de evitar nuevos abusos por parte de las fuerzas, el juez federal, Martín Cormick, supervisará de manera presencial la marcha de jubilados de este miércoles 19 de marzo.
Es que, ante la brutal represión del miércoles pasado, el gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, afrontará el próximo 19 de marzo una nueva marcha de jubilados, que se prevé que será multitudinaria, ya que tendrá el acompañamiento, hasta el momento, de ambas CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (UTEP).
Además, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y organizaciones estudiantiles informaron que también se sumarán a la marcha de jubilados del próximo miércoles bajo la consigna “A las calles con la celeste y blanca”, en una sugerencia para que quienes concurran lo hagan con camisetas de la selección argentina. En la misma sintonía que la concentración pasada cuando concurrieron hinchas de fútbol.
Ante la convocatoria, la cartera que conduce Bullrich prepara un mega operativo policial en coordinación con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el objetivo de evitar los desbordes del miércoles pasado. De esta manera, a los mil efectivos desplegados en las calles se sumarán más uniformados de apresto. En paralelo, se realizarán controles en rutas nacionales y en los ingresos de la Capital Federal.
En ese contexto, ante posibles desmanes, el Juez Federal en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, dispuso que su juzgado monitoree “presencialmente” lo que ocurra en la marcha de los jubilados de este miércoles frente al Congreso, luego de los incidentes protagonizados por manifestantes y fuerzas de seguridad la semana pasada.
En efecto, Cormick incluyó esa decisión en un fallo, en el que se rechazó una medida cautelar solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que solicitaba la suspensión del protocolo antipiquete, diseñado por la ministra de Seguridad, alegando su inconstitucionalidad. Sin embargo, el magistrado expresó que “no desconoce ni es impasible a los desgraciados hechos de público conocimiento” sucedidos el miércoles pasado.
En concreto, Cormick remarcó que los hechos registrados el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso “no parecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país”. “Tales hechos tampoco son ajenos a la cuestión debatida en autos donde está en discusión la constitucionalidad del Protocolo a la fecha vigente”, agregó.
De todas maneras, ante la proximidad de la marcha de jubilados convocada para este miércoles y su eventual masividad, que derivarían en nuevos hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, el magistrado anticipó que “observará presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa a cualquier conducta, hecho y/o acto que resulte procedente para resolver la cuestión en debate“, la constitucionalidad del protocolo.
