jueves, marzo 28, 2024

Juicio a la Corte: Diputados recibe nuevos testigos vinculados a la causa 2×1

La comisión de Juicio Político a la Corte Suprema recibirá a tres nuevos testigos, vinculados al fallo “2x1”, que buscó la reducción de condenas a genocidas.

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Esta mañana, la comisión de Juicio Político que tramita el proceso de remoción a los miembros de la Corte Suprema recibirá en la Cámara de Diputados a nuevos testigos vinculados a la causa del “2×1”, para seguir avanzando en la investigación contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Sin embargo, se espera el faltazo de los tres testigos que fueron funcionarios durante el Gobierno de Mauricio Macri: el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el senador opositor y ex jefe de asesores, José Torello; y el asesor judicial del ex presidente, el prófugo FabiánPepínRodríguez Simón.

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La presencia de los testigos en el juicio a la Corte Suprema de Justicia, recae en la hipótesis de que los tres funcionaron como operadores y negociadores para que la jueza Elena Highton de Nolasco, que en ese momento formaba parte del Máximo Tribunal, votara a favor en la sentencia del “2×1”.

Vale recordar, que el fallo “2×1” fue dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, pero ya había sido sancionada por el Congreso en 1994. La norma determinó que, después de haberse cumplido dos años de una prisión preventiva, “se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”.

En otras palabras, el computo “2×1” establecía que, luego de que se transcurran esos dos años de prisión preventiva, el período posterior se contabilizaba como parte de la pena impuesta, con el objetivo de dar un plazo razonable a los procesos penales y reducir el impacto de la prisión condena.

No obstante, la ley fue derogada en 2001, hasta que la Corte Suprema de Justicia la volvió a dictar. Pero, luego de protestas sociales y boicots de tribunales de todo el país que se negaron a adherir al fallo, el 4 de diciembre de 2018, el máximo Tribunal decidió dar marcha atrás y revertir la sentencia.

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A pesar del llamado hecho por la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, fuentes parlamentarias estiman que los ex funcionarios del Gobierno de Macri no concurrirán a la Cámara baja para “no legitimar” el proceso que se lleva adelante contra los integrantes de la Corte Suprema.

Cabe destacar, que el bloque de Juntos por el Cambio mantiene, desde diciembre, un bloqueo a todos los proyectos presentados por el oficialismo en ambas Cámaras legislativas, y adelantaron que no cesarán su estrategia parlamentaria hasta que el Frente de Todos frene el juicio a la Corte Suprema de Justicia.

En cuanto a los testigos, la presencia de Garavano, que fue propuesta por el diputado oficialista Rodolfo Tailhalde, no se concretará debido a que el ex funcionario tiene compromisos previamente pactados que lo mantendrán fuera de la Ciudad de Buenos Aires en el horario del cónclave. Al igual que el resto de los testigos que no pudieron asistir a sus respectivas audiencias, se estima que le programarán otra fecha.

La figura de Garavano, despierta también tensiones internas dentro de Juntos por el Cambio, ya que la Coalición Cívica de Elisa Carrió había pedido anteriormente el juicio político al legislador opositor por un supuesto “encubrimiento” en la UFI AMIA.

Germán Garavano junto a Mauricio Macri.

Por otro lado, la situación de “Pepín” Rodríguez Simón es bastante particular. Su condición de prófugo internacional, ya que huyó del país luego de ser acusado por los delitos de extorsión y asociación ilícita, complica una posible extradición. Debido a esto, la comisión de Juicio Político envió una nota a Interpol para que informe cuál es el procedimiento para contar con la presencia de Simón.

En su respuesta, Interpol le explicó a la comisión de Juicio Político que las alertas rojas sobre “Pepín” Rodríguez siguen activas pero, como tiene un pedido de refugio que se está tratando en la justicia uruguaya y que cuenta con una instancia de apelación, no se puede realizar una captura internacional.

Mientras tanto, Torello no confirmó asistencia y desde el PRO descartan que vaya a Diputados, debido a su condición de senador. La Constitución Nacional, establece que, frente a un Juicio Político, la Cámara baja acusa y el Senado es el encargado de juzgar.

Entonces, si es que el enjuiciamiento a la Corte Suprema de Justicia avanza, Torello tendría que intervenir en su rol de senador, por eso desde la facción opositora sostienen que debería excusarse de declarar en esta instancia.​

Por otro lado, al ser senador, Torello posee fueros que, si es que llegara a ausentarse, no permiten su búsqueda por la fuerza públiao. Mismo caso que el fiscal Carlos Stornelli que, en su privilegio de magistrado, ya se ausentó dos veces a sus citaciones, y declaró ante la comisión de Juicio Político por escrito.

Desde el Frente de Todos, aseguran que Torello tiene la obligación de asistir. De no hacerlo, el oficialismo lo notificará a un juez y a la vicepresidenta del Senado, Cristina Kirchner, por su función de autoridad disciplinaria correspondiente, para que aplique la sanción que crea correspondiente.

​Además, la comisión de Juicio Político volvió a citar a la abogada María Laura Roteta, de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, quien no había concurrido por encontrarse de viaje y se había comprometido a asistir en una futura reunión.

También, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pidió la citación del abogado y ex secretario de Justicia del Gobierno de Mauricio Macri, Santiago Otamendi; del ex titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Horacio Diez; y de los periodistas, Silvana Boschi e Ignacio Miri, todos en relación al fallo del “2×1”, emitido por la Corte Suprema de Justicia durante la gestión de Cambiemos.

Vale destacar, que el oficialismo tiene pensado citar para el próximo encuentro a funcionarios del gobierno actual, por el fallo de Coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires. En ese caso, se prevé que asistirá el ministro de Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, uno de los principales detractores del fallo.

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