El bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense presentó un pedido de informes para conocer los detalles del hacinamiento carcelario y la asignación de tobilleras electrónicas en las unidades penitenciarias provinciales.
En ese sentido, la solicitud ingresada por la legisladora del radicalismo, Nazarena Mesías, requiere que el gobierno de Axel Kicillof brinde “información relativa al ya excedido cupo de personas privadas de la libertad, además de un explicación exhaustiva acerca del control que se tiene sobre estos individuos”.
Asimismo, el pedido de informe de Juntos exige que el Gobierno bonaerense se refiera al sistema de tobilleras electrónicas, “especialmente a los criterios de asignación y los protocolos de supervisión de las mismas”.
La demanda de Mesías, tiene su origen en la medida tomada durante 2020 por el Gobierno nacional, la cual otorgó prisión domiciliaria a varias personas privadas de su libertad, para cumplir con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia del coronavirus.
De acuerdo a los fundamentos del proyecto, la política realizada para garantizar condiciones mínimas de distanciamiento en un encierro penitenciario que iba a contramano de las recomendaciones sanitarias para prevenir el coronavirus, expuso “el flagelo de la sobrepoblación carcelaria que se vive en las cárceles y demás establecimientos penitenciarios en la provincia”.
Asimismo, el bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio denunció que no alcanzan las tobilleras eléctricas para las personas privadas de su libertad, lo cual genera robos y fugas, y apuntaron al gobierno de Kicillof por el hacinamiento carcelario, que hoy representa un “200% de sobrepoblación en relación a los cupos disponibles”.
Cabe destacar, que Mesías ya había criticado varias veces al gobernador Kicillof, y a sus ministros de Seguridad, Sergio Berni, y de Justicia, Julio Alak, a través de reiteradas solicitudes de informe y declaraciones que centraban los “graves problemas de inseguridad de la provincia”.
A principios de septiembre del año pasado, Mesías presentó otro proyecto para que la gestión de Kicillof brinde explicaciones acerca del protocolo que permitió, desde el inicio de la pandemia de coronavirus, la utilización de teléfonos celulares por parte de los reclusos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
“Hoy podemos observar en distintas redes sociales como los delincuentes utilizan estos dispositivos para subir contenido desde sus celdas, e incluso para delinquir a través de llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp”, señaló Mesías en esa oportunidad.
Es preciso mencionar, que este protocolo de uso de celulares en cárceles bonaerenses había entrado en vigencia en marzo de 2020, en el comienzo de la pandemia del coronavirus, con la intención de que los internos, ante la imposibilidad de tener visitas, puedan contactarse con sus familiares y no pierdan toda relación con sus allegados.
