Este jueves, la Justicia Federal le ordenó a la Superintendencia de Servicios de Salud que le devuelva a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) el control de la obra social de los peones rurales, y revirtió de esa manera una de las medidas más controversiales que había tomado el organismo nacional que fiscaliza a las prestadoras y entidades de medicina prepaga para garantizar los derechos de los beneficiarios.
Es preciso mencionar que, el fallo que le devuelve a la UATRE el manejo de la obra social de los trabajadores rurales se da luego de detectar una serie de irregularidades en los pasos a seguir para resolver su intervención, y por este motivo la Justicia investigará a funcionarios del gobierno de Javier Milei y al diputado nacional Pablo Ansaloni por el delito de asociación ilícita y tráfico de influencias.
En el escrito, la Justicia le pide al Superintendente Gabriel Gonzalo Oriolo que presente los informes en los que se basa para haber tomado la decisión de designar un normalizador y, mientras tanto, le ordenó la suspensión preventiva de los efectos de la resolución con la que se intervino la obra social de los trabajadores rurales.
En tanto, la resolución de la Justicia Federal ocurre tras la presentación judicial del líder de la UATRE, José Voytenco, patrocinado por el Gerente de Asuntos Jurídicos de la obra social que le corresponde los trabajadores rurales, Lucas Eksiyan, con el asesoramiento del abogado Luciano Podestá, en la que advierten sobre una serie de irregularidades en el proceso administrativo.
Entre otras cosas, la Justicia recordó que la Superintendencia de Servicios de Salud presentó una serie de requerimientos que debían ser contestados antes del 22 de agosto, pero que el 5 del mismo mes, solo un día hábil luego de solicitarlos, resolvió la intervención sin darle tiempo a las autoridades de la obra social a responder la demanda.
Según el fallo, el estado contable “crítico” que describe el organismo nacional como argumento para la intervención no se condice con el análisis preliminar del ejercicio contable cerrado al 31/12/2023, en el que se advierte resultado positivo del ejercicio contable de la obra social manejada por la UATRE con respecto a las deudas.
Asimismo, el juzgado remarcó que tampoco coincide el repaso de la situación prestacional que advierte la Superintendencia de Servicios de Salud con la realidad de la obra social que se detalla en la Resolución, ni con su nivel de disputa, y en ambos casos se presentan cifras muy por encima de los que pueden constatar efectivamente.
De esta manera, la prestadora de salud de los trabajadores rurales y estibadores volverá a ser controlada por la UATRE, y la investigación de la Justicia seguirá por el camino del presunto delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, que caerá sobre el propio Oriolo y los titulares de distintas áreas técnicas que participaron del proceso.
En la misma línea, la Justicia irá contra el diputado nacional Pablo Ansaloni por el delito de asociación ilícita y tráfico de influencias, con el fin de desplazar ilícitamente a las legítimas autoridades de la obra social y hacerse el control de la misma. Cabe mencionar que, Ansaloni es un dirigente de La Libertad Avanza, que tuvo un paso por la obra social de los trabajadores rurales y su gestión finalizó con una denuncia por una presunta defraudación multimillonaria de la institución de salud.
La respuesta del Gobierno al conflicto con la obra social
En un comunicado difundido horas más tarde del fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud confirmó la intervención de la obra social y argumentó que “desde que comenzó el año, el organismo volvió a cumplir con su función principal que es la de fiscalizar a los Agentes del Seguro de Salud”.
En ese marco, las autoridades nacionales explicaron que hubo un avance con una auditoría en la obra social en cuestión que comprobó graves irregularidades producto de una situación financiera alarmante, y recordaron que el propio Juez, a través del interventor por él designado, solicitó 3.350 millones de pesos en octubre de 2023, monto del que rindió cuenta el último día hábil de la anterior gestión presidencial.
Por otro lado, el organismo del Gobierno nacional aseguró que fue el propio juez el que “permitió que la administración provisoria designada por él se fijara sueldos millonarios equivalentes a 25 veces lo que cobra un peón rural promedio”, que iban desde $14.005.643 para el presidente hasta $8.592.464 para los gerentes legales.
“El juez a cargo de la causa está prejuzgando al considerar como ciertos los dichos de los denunciantes, sin haber investigado nada. Además, resulta inquietante que en el marco de una investigación penal, que está terminada, se haya procedido a invalidar un decreto presidencial, un acto que merece un análisis jurídico más profundo y fundado”, agrega el comunicado.
