Este lunes a primera hora, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció que Axel Kicillof oficializará esta tarde la entrega de $16.000 millones en financiamiento para 16 municipios bonaerenses mediante convenios de leasing canalizados a través del Banco Provincia, una medida que busca fortalecer las gestiones locales en medio de la caída de recursos y que, al mismo tiempo, vuelve a marcar diferencias con el Gobierno nacional por el acceso al financiamiento para obras e infraestructura.
Durante su exposición desde Casa de Gobierno, Bianco explicó que los recursos que entregará Kicillof permitirán a los municipios incorporar maquinaria, vehículos, equipamiento tecnológico y herramientas para mejorar los servicios públicos. Según detalló el funcionario, la asistencia alcanzará a comunas gobernadas por distintos espacios políticos, entre ellas Ezeiza, Navarro, Rivadavia, Pellegrini, Tres Arroyos, Lanús, Pilar, 25 de Mayo, Quilmes, Laprida, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Avellaneda, Colón, Lezama y Zárate.
De esta manera, el financiamiento se otorgará mediante Provincia Leasing, una empresa depende del Banco Provincia y cuyo sistema funciona de manera similar a un alquiler con opción de compra: en lugar de pagar de una sola vez una máquina o un vehículo, los municipios pueden comenzar a utilizarlo de inmediato y abonarlo en cuotas durante un período determinado. De esa manera, las comunas no necesitan disponer del dinero completo al momento de la adquisición y acceden a condiciones de financiación más convenientes que las habituales del mercado.
Los fondos estarán destinados principalmente a la compra de maquinaria vial para el mantenimiento de calles y caminos, vehículos para distintas áreas municipales, equipamiento tecnológico para seguridad y aparatología destinada a hospitales y centros de salud, mientras que los montos asignados van desde los $58 millones hasta los $2.100 millones, de acuerdo con las características y el alcance de cada proyecto presentado por los distintos intendentes.
Por su parte, desde la administración de la provincia de Buenos Aires marcaron la diferencia con el manejo que mantienen con el Ejecutivo de Javier Milei y sostuvieron que la distribución de los recursos respondió a las necesidades técnicas de cada distrito bonaerense y no al color político de sus intendentes. En ese sentido, Bianco remarcó que la intención es continuar con la asistencia a los 135 municipios frente a la disminución de los ingresos que reciben tanto por coparticipación como por recaudación propia.
Es preciso mencionar que, la decisión de Kicillof adquiere relevancia luego de la discusión que semanas atrás atravesó la Cámara de Diputados bonaerense por el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. El pasado 12 de junio, el oficialismo no logró reunir los votos necesarios para aprobar un proyecto que buscaba distribuir de manera directa el 30% de la primera cuota de ese fondo, recursos que muchos intendentes esperaban utilizar para afrontar el pago del medio aguinaldo de los trabajadores municipales. Desde la oposición, buscaban que la comisión Bicameral de Control y Seguimiento tenga la facultad de habilitar el envío de dinero a las comunas, algo que fue rechazado por Gobernación.
Ese fondo, creado junto con el paquete económico aprobado a fines del año pasado, establece un piso de $250.000 millones para asistir a los municipios. El 70% debe distribuirse automáticamente mediante el denominado Coeficiente Único de Distribución (CUD), una fórmula que determina cuánto dinero recibe cada comuna según distintos indicadores, mientras que el 30% restante debe asignarse mediante programas específicos de distintos ministerios provinciales.
Precisamente, la falta de acuerdo legislativo dejó a los intendentes sin acceso inmediato a esos recursos de libre disponibilidad, por lo que muchas administraciones municipales debieron afrontar el pago de aguinaldos con fondos propios. En ese contexto, la nueva línea de leasing aparece como una herramienta alternativa para que los municipios puedan continuar con la incorporación de equipamiento sin afectar de manera directa sus presupuestos corrientes.
En tanto, el anuncio también profundiza la distancia política y financiera entre la Provincia y la Nación. Es que, durante la presentación, Bianco cuestionó que el Gobierno de Milei todavía no respondió los pedidos formales de audiencia realizados por la administración bonaerense ni otorgó los avales técnicos necesarios para acceder a créditos de organismos internacionales destinados a financiar grandes obras de infraestructura.
Entre esos proyectos se encuentra el plan de saneamiento y optimización del sistema de efluentes cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada, una obra considerada estratégica por la provincia de Buenos Aires para ampliar la cobertura del servicio en la región capital. Mientras esos fondos internacionales continúan demorados, el Gobierno de Kicillof optó por reforzar el financiamiento directo a los municipios mediante las herramientas del Banco Provincia, en un intento por consolidar una estrategia que busca sostener la inversión pública local en un escenario económico cada vez más complejo.
Kicillof mantiene firme su posición de no adherir a los cambios dispuestos por Nación para la VTV
En medio de los anuncios por los fondos de financiamiento para los 16 municipios bonaerenses, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, expuso la posición que adoptó el Gobierno de Kicillof respecto de la desregulación que realizó Nación sobre la Verificación Técnica Vehicular (VTV), con la apertura del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos que permitirá que talleres mecánicos, concesionarias e importadores habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en todo el país.
“Nosotros sostenemos nuestro planteo de que no se puede ser juez y parte, y entendemos que habilitar a talleres mecánicos, cuyo expertise es la renovación de repuestos y el arreglo del mal funcionamiento de vehículos, va a generar un círculo vicioso muy difícil de controlar. Nosotros sostenemos la no adhesión a la norma nacional, y vamos a seguir garantizando el servicio de VTV para todos los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires”, señaló Marinucci desde Casa de Gobierno.
Es que, la iniciativa forma parte de una serie de cambios impulsados por la administración de La Libertad Avanza sobre el sistema de revisiones vehiculares. La apertura del registro fue anunciada por el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que sostuvo que la medida pone fin al “monopolio de las plantas de VTV” y amplía la cantidad de establecimientos autorizados para prestar el servicio.
En tanto, desde el Gobierno nacional señalaron que el objetivo es “agilizar el sistema y eliminar restricciones” que consideran injustificadas. De esta manera, las revisiones que hasta hoy se realizan sólo en los Centros de Inspección Técnica Vehicular podrán efectuarse en cualquiera de los establecimientos inscriptos y autorizados, lo que incluye talleres particulares, concesionarias e importadores.
Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial sostienen que la agilización del sistema para realizar la VTV no puede estar anclada a una apertura y desregulación total de las revisiones de los vehículos, sino que debe realizarse a partir de la apertura de nuevos centros de RTO a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. “Es el Gobierno de Milei el que tiene la potestad de habilitar los talleres de revisión, y podrían avanzar tranquilamente en la superpoblación de talleres oficiales. Sin embargo, no sólo no lo hacen, sino que generan un perjuicio constante sobre los bonaerenses”, completó el ministro de Transporte.
