En las últimas horas, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo del magistrado Martín Cormick, emitió una sentencia que anula los artículos 1, 2, 5 y 6 del decreto 1206/2016 firmado por el expresidente, Mauricio Macri, que le permitió a familiares de funcionarios públicos ingresar al programa de blanqueo de capitales a pesar de que el Congreso los había excluido expresamente cuando se sancionó la norma.
De esta manera, la decisión del magistrado se basó en una demanda colectiva presentada por la asociación civil Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS), que argumentaba que el decreto que permitía el blanqueo de capitales a familiares de funcionarios públicos era profundamente inconstitucional y violaba los principios de republicanismo y la voluntad popular.
Así, Cormick dictaminó la nulidad de los artículos 1, 2, 5 y 6 del decreto 1206/2016, a través del cual el presidente electo bajo el partido de Cambiemos había incorporado a cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los funcionarios públicos a las facilidades incluidas en el Régimen de Sinceramiento Fiscal, al señalar que la norma modificaba aspectos de la Ley 27.260 de manera indebida.
Asimismo, la sentencia del juez Cormick tuvo implicaciones para la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya que en caso de que el decreto fuera impugnado, el organismo estatal quedaría habilitado para exigir a los contribuyentes involucrados que paguen todos los impuestos adeudados, entre los que se encuentran Ganancias, IVA y Bienes Personales.
En ese contexto, la AFIP había presentado un escrito en la causa en el que anticipaba que en caso de que se anulara el decreto, el organismo estatal quedaría habilitado a exigirles a los contribuyentes involucrados a que abonen todos los impuestos adeudados.
Así, por estas horas la AFIP trabaja en la lista de los familiares de funcionarios que se vieron beneficiados por el decreto emitido por Mauricio Macri para hacer el blanqueo de capitales, los que deberán pagar todos los tributos no abonados que incluyen Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado, Impuestos a los Bienes Personales, entre otros.
Es preciso recordar que, a mediados de 2016, el gobierno nacional de Macri envió al Congreso un proyecto de blanqueo de capitales con la intención de incentivar el ingreso de dólares al país. Inicialmente, el bloque oficialista pretendía incluir a los familiares de funcionarios públicos en la norma, pero la oposición se unió para excluir esta posibilidad.
Una vez sancionada la ley, Macri, en su carácter de presidente, emitió un decreto para revertir este cambio que había realizado el Frente para la Victoria, lo que provocó una gran controversia. Así, los Diputados de la oposición con la entonces legisladora, Victoria Donda, a la cabeza, presentaron denuncias penales contra el ex mandatario por esta acción.
“Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación”, sostuvieron los legisladores del Frente para la Victoria en ese entonces.
