En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados bonaerense, la legisladora de Unión por la Patria, Lucía Iañez, celebró la media sanción de su proyecto de ley que busca optimizar los mecanismos de determinación de la cuota alimentaria, y cargó contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por el cierre de más de la mitad de los centros de acceso de la Justicia en todo el país.
Es que, a mediados de junio el Gobierno nacional anunció el cierre de 81 centros de acceso a la Justicia alegando que estos organismos “brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”. Sumado a otros cinco que ya habían bajado sus persianas, de 110 de estas instituciones solo quedaron 24.
“Puede ser que muchos no sepan de qué se tratan estos centros de acceso a la Justicia, que son la estructuración base de la política pública pensada para articular territorialmente todos esos derechos que se han garantizado en la legislación y en la normativa. ¿Cómo hacemos que la gente realmente pueda ir a reclamar ese derecho? Necesitamos intermediarios y del Estado”, expuso Iañez en su intervención.
En ese sentido, la legisladora platense comentó que los centros de acceso a la Justicia nacieron en 2008 como una iniciativa de los curas que, ante la salida de nuevos derechos durante el Gobierno kirchnerista, veían la dificultad que tenía la población para ejecutar esas normativas. Por esa razón, los sacerdotes le pidieron al Ministerio de Justicia que pueda construir equipos que funcionen en los territorios y que ayuden a esas personas.
“Esa gran mentira estructural que se ha inventado en este último tiempo que el Estado podemos no tenerlo, si los ‘terminator’ y todas esas pavadas dichas por gente que jamás en su vida se vinculó con alguien que tiene una necesidad. El gobierno de Milei no tiene intendentes, ni representantes territoriales, ni tiene gobernadores, y denotan un amplio desconocimiento de las necesidades del pueblo, de cómo se hace un trámite, de la efectividad del Estado. Tiene una vocación central de recortar sin planificar”, fustigó Iañez.
En palabras de la legisladora de Unión por la Patria, en los últimos cuatro años los centros de acceso a la Justicia a nivel nacional atendieron a 623 mil personas y solucionarios 1 millón y medio de casos. “En el comunicado oficial se habla de cajas, de falta de atención. Yo quisiera saber qué política pública que se sostenga en nuestro país tiene semejante alcance. Debe ser lindo, divertido y fácil decir pavadas por Twitter pero el tema es ponerse a laburar y eso es un poco más difícil”, chicaneó.
Incluso, Iañez mencionó que durante la Presidencia de Mauricio Macri y el mandato de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, los centros de acceso a la Justicia fueron acrecentados, potenciados y hasta recibieron la llegada de nuevos trabajadores que para ese momento hacían falta. “No es algo que solamente nosotros pensamos que es importante”, aclaró.
“En la política hay un principio que dice ‘el que se enoja pierde’, yo estoy totalmente en contra de eso. Yo les propongo que nos enojemos todos. Porque si no están las pasiones de lo que venimos a hacer a esta Cámara y a la política, construir realidades donde los pibes y las pibas en el futuro puedan vivir en una Argentina que realmente le ofrezca oportunidades entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Enojémonos”, cerró Iañez.
De qué trata el proyecto de Iañez sobre cuota alimentaria
Durante su alocución, Iañez se refirió a la media sanción que obtuvo su proyecto de ley que busca optimizar los mecanismos de determinación de la cuota alimentaria gracias a la intervención de los organismos nacionales y provinciales de recaudación de impuestos, AFIP y ARBA respectivamente.
“Este proyecto integra entre los deberes de los abogados y abogadas que inician una demanda alimentaria la necesidad de oficiar a AFIP y ARBA para que presenten informes sobre todo lo que tenga que ver con los ingresos reales del progenitor no conviviente o que no está a cargo del cuidado permanente”, explicó Iañez.
Dicho informe será tenido en cuenta por el juez a cargo, en caso de que la persona perjudicada denuncie al individuo que no tiene regularizada la cuota alimentaria. En esta audiencia, según el artículo 636 de la ley 7425, deberán comparecer tanto las partes en conflicto, como también un representante del Ministerio Público bonaerense.
Su iniciativa, que fue debatida en comisiones el año pasado y que recién recibió media sanción este año tras haber sufrido modificaciones para “evitar lentificar el proceso”, propone una serie de cambios en el Código Procesal Civil y Comercial bonaerense con el propósito de “garantizar el derecho alimentario de niñas y niños frente al incumplimiento de sus progenitores”.
Asimismo, el texto de Iañez también modifica el artículo 647 del Código Procesal Civil y Comercial bonaerense, al agregar que, en el momento en que se produzca el incidente con la cuota alimentaria, “las partes podrán requerir la medida dispuesta en el inciso 5 del artículo 635 (el informe de ingresos registrados), sin perjuicio de haberlo hecho o no al momento de presentación de la demanda”.
“Este es un problema bastante grande y tiene que ver con el acceso a la justicia en nuestra provincia y en el país, recordemos que la cuota alimentaria es un derecho de los niños y de las niñas. Nosotros no estamos solo para legislar, sino también para garantizar derechos. Esta es la primera ley de mi autoría que pasa todas las comisiones y que tiene media sanción, es largo el proceso de esta Cámara. Tenemos que pensar que debe servir para la ciudadanía, y eso se hace si construimos dinámicas para el acceso a los derechos”, sentenció Iañez.
