Organizaciones sociales, estudiantiles y ambientales convocaron para este sábado a una nueva marcha de antorchas en rechazó de la Ley de Glaciares, tras la promulgación de la normativa, que modifica la zona de los periglaciares y ante la negativa del oficialismo de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada dos veces por el Congreso.
Es que, este viernes, el Ejecutivo nacional de Javier Milei promulgó la modificación de la Ley de Glaciares, que redefine el concepto de zona periglaciar con el propósito de facilitar actividades extractivistas en zonas, hasta este momento, prohibidas. Una iniciativa ampliamente repudiada por organizaciones ambientalistas.
En efecto, el cambio fundamental de la nueva normativa radica en la transferencia de competencias hacia las jurisdicciones provinciales. Ahora, cada provincia tendrá la facultad de establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán protegidos.
En ese marco, organizaciones ambientales y legisladores de la oposición advirtieron por el riesgo ecológico que la normativa implica, ya que se trata de un cambio sustancial respecto de la ley original, que establecía la protección de esas áreas por tratarse de reservas únicas y, por lo tanto, restringía la posibilidad de su explotación.
En tanto, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario es una deuda pendiente del oficialismo, a pesar de su sanción y ratificación por parte del Congreso de la Nación. Además, la Justicia también exigió al Gobierno nacional aplicar la normativa de manera inmediata.
Lo que sucede es que, la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Ejecutivo de Javier Milei, cuestionó la consistencia de los argumentos del oficialismo y ordenó su inmediata aplicación, en un fallo que impacta de forma directa en salarios y becas del sistema.
En concreto, la resolución judicial obliga a la administración libertaria a ejecutar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios docentes y nodocentes entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025. Además, la decisión incluye la recomposición de los programas de becas estudiantiles, en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo.
En el fallo, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán desestimaron los planteos de la conducción nacional y pusieron en duda la solidez de la apelación oficial. “Resultan poco serios los agravios presentados por el Estado”, señalaron los magistrados al descartar que la cautelar constituya una sentencia definitiva encubierta.
Ante este escenario, este viernes, un puñado de organizaciones sociales se concentrarán a las 18:30 horas, en la esquina de Callao y Corrientes, a fin de protestar por la avanza del oficialismo sobre la zona de los glaciares, así como para exigir una recomposición de los salarios y los presupuestos de las casas de altos estudios.
