En las horas previas a la oficialización de la nueva ubicación de la zona roja de Mar del Plata dispuesta por la administración de Guillermo Montenegro, la Fundación Alameda presentó una acción de amparo colectivo para que la Justicia declare inconstitucional la ordenanza.
Según lo previsto por la municipalidad de Mar del Plata, el próximo lunes la zona roja comenzará a funcionar en un espacio habilitado en la en avenida 10 de Febrero cerca del cementerio de la ciudad, según permite la ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante.
El amparo concretamente apunta a dejar sin validez la ordenanza N° 25.590 de Mar del Plata que, según la ONG “autoriza una modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual, regulando la oferta sexual callejera y la criminalización a quienes no la acaten”.
Vale mencionar que el recurso de la Fundación dedicada a la lucha contra la trata de personas recayó en el Juzgado Federal Nº4 de Alfredo López, donde hace apenas algunos días rechazaron una acción de amparo presentada por el Comité de Lucha contra la Trata.
La Alameda expuso también que la ordenanza que traslada la zona roja de Mar del Plata a un sector que tiene la estación policial más cercana a 10 kilómetros atenta “contra la posición abolicionista” de la prostitución que asumió el Estado Argentino al sancionar la Ley N° 12.331, que prohíbe el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella.
En esa misma línea, desde la ONG resaltaron que la normativa que muda la zona roja de Mar del Palta afecta derechos humanos contemplados en los pactos internacionales incorporados a la Constitución Nacional y las leyes N° 12.331, N°26.364 y artículos 125 bis a 127 del Código Penal, generando además “gravámenes irreparables en el tejido social”.
Esta semana además, desde la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual de Mar del Plata informaron que decidieron en asamblea “desconocer la ordenanza que pretende reglamentar una zona roja en la calle 10 de Febrero donde confluyen los barrios Lomas del Golf, Las Canteras y Santa Celina”.
Desde ese sector, señalaron que “las zonas de trabajo sexual no pueden ser elegidas al azar, mucho menos por personas que no son trabajadores sexuales”, ya que “cada zona responde a diferentes intereses de las trabajadoras y sus clientes”.
Además, desde la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual de Mar del Plata ratificaron su negativa a “trabajar en lugar que es a 10 kilómetros del centro y no cuenta con ninguna seguridad ni una comisaría cerca”.
Por su parte, desde La Alameda explicaron que el municipio de Mar del Plata no se encuentra en condiciones de “garantizar” que no exista explotación sexual en la nueva zona roja, “ni que el crimen organizado no corrompa a las autoridades con poder de policía que controlen la zona”, explicaron.
La fundación también explicó que “la problemática se halla relacionada no sólo con la lucha contra la discriminación contra la mujer, sino también contra las formas contemporáneas de la esclavitud y la protección de los niños contra la explotación sexual”.
Más allá de los reclamos de los marplatenses, el Gobierno de Montenegro mantiene firme su decisión de relocalizar la zona roja, por lo que, en principio, el próximo viernes confirmaría la nueva ubicación y el lunes 19 de septiembre comenzaría a funcionar oficialmente.
Ordenanza que regula la zona roja de Mar del Plata
Estos son alguno de los puntos claves de la nueva regulación del trabajo sexual en la vía pública en Mar del Plata.
Espacio: Tras la promulgación, el intendente de Mar del Plata dispuso de un plazo de 45 días para decretar la ubicación del o los lugares autorizados para funcionar como zona roja. En ese periodo, el jefe comunal pudo recibir recomendaciones y pedidos de reuniones con sectores implicados. Se espera que este viernes haya novedades al respecto.
Multas: Quienes no respeten zonas y horarios para el trabajo sexual establecidos por el municipio de Mar del Plata recibirán multas de mil a 5 mil Unidades Fijas (UF) y/o arresto de 5 a 30 días. Las UF son establecidas por el Ministerio de Infraestructura bonaerense y actualmente cada una equivale a $123,40, por lo que las multas irán de $123 mil a $617 mil.
Abordaje integral de las trabajadoras sexuales: La ordenanza contempla implementar dos programas para la contención. Por un lado, el Reparar, orientado a la terminalidad educativa y la prevención de violencias, y, por el otro, un dispositivo de nocturnidad para el abordaje integral de las distintas problemáticas y/o vulneración de derechos, ya sea de salud en general como por consumos problemáticos.
