En el marco de la causa que investiga el armado de una mesa judicial durante la gestión de Cambiemos, el cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, denunció ante la justicia penal al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, por los presuntos delitos de “tráfico de influencias y prevaricato”.
En efecto, el escrito fue presentado por el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, en el cual denunció “la existencia de una organización de tráfico de influencias creada entre los años 2016 y 2017″ estructurada “dentro del ámbito de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires”.
Asimismo, la denuncia remarca que dicha organización contó “con la asistencia y colaboración de funcionarios –aún no suficientemente identificados- pertenecientes al área del Poder Ejecutivo provincial”.
En su presentación en la justicia penal bonaerense en La Plata, el dirigente camionero denunció que la organización tuvo la “finalidad de procesar y/o encarcelar indebidamente a opositores políticos, dirigentes sociales, gremialistas y, en algunos supuestos, los abogados que intervenían en las Defensas”.
En detalle, las operaciones que indicó Moyano consistieron en “instar denuncias falsas, generar testimonios mendaces mediante instigación, extorsión, amenazas y/o apremios, infiltrar en la defensa de personas detenidas a abogados pertenecientes contratados para influir en los testimonios falsos y manipular con fraude procesal material probatorio”.
En tanto, el sindicalista puntualizó que esos mecanismos que utilizó la organización de tráficos de influencias fueron acompañados con la estrategia de “emplear medios periodísticos para la masiva difusión de las actuaciones tendiente al escarnio público de sus víctimas”.
“Los delitos se encuentran plenamente acreditados, cuanto menos, en el ámbito del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en perjuicio de Hugo Moyano, Pablo Moyano, el doctor Víctor Hortel y quien suscribe (Daniel Llermanos)“, expresó el denunciante.
Vale recordar, que en la causa denominada mesa judicial se investiga lo ocurrido en una reunión en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio de 2017, cuyo contenido se conoció a partir del hallazgo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de registros audiovisuales que fueron presentados ente la justicia por la actual interventora de la central de espías, Cristina Caamaño.
A lo largo de 40 páginas, Moyano denunció cómo se armaron en su contra dos causas penales, al tiempo que precisó que el procurador Conte Grand “reiteradas veces hizo pública su intención de que los fiscales a su cargo detuvieran a Pablo Moyano”.
Además, la denuncia señala que así quedó acreditado en “diversas publicaciones periodísticas y a través de sus propias expresiones en el Programa de TN “A dos Voces” cuando aseguró Julio Conte Grand: “Existen evidencias suficientes para que Pablo Moyano sea detenido y que podía revertirse el principio de la libertad en el proceso por el de la prisión preventiva”.
Por último, el cosecretario general de la CGT cuestionó también el rol del fiscal adjunto Sebastián Scalera y su manera “confusa de redactar, donde además no acusó: Se limitó a sostener lo que imagina que ha probado”.
En ese sentido, la denuncia presentada en la justicia penal bonaerense incluye el testimonio de un detenido alojado en el penal de Melchor Romero, en La Plata, quien brindó detalles de cómo Scalera “hostigaba a detenidos para que implicaran a Moyano en la causa Independiente a cambio de libertad”.
