sábado, mayo 21, 2022

Mesa judicial: ex funcionario de la AFI también se negó a declarar

El exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI presentó un escrito de descargo en el que rechazó haber participado del armado de una mesa judicial contra sindicalistas.

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El exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos, Juan Sebastián Destéfano, se negó a declarar, y dejó un escrito en el que cuestionó la competencia del juez federal Ernesto Kreplak para intervenir en la causa por la llamada mesa judicial bonaerense.

Según informaron fuentes judiciales, Destéfano se presentó este martes a las 10.30 en el Juzgado Federal de La Plata y se negó a responder preguntas al tiempo que presentó un escrito de descargo en el que rechazó haber participado del “armado” de causas judiciales contra sindicalistas, entre ellos Juan Pablo Pata” Medina, extitular de la Uocra.

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Asimismo, el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI indicó en el escrito que Kreplak no es competente para investigar los hechos vinculados al presunto funcionamiento de una mesa judicial integrada por exfuncionarios bonaerenses, autoridades de la AFI macrista, intendentes y empresarios

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Destéfano se presentó a las 10.30 en el Juzgado Federal de La Plata y se negó a responder preguntas.
Destéfano se presentó a las 10.30 en el Juzgado Federal de La Plata y se negó a responder preguntas.

Es preciso mencionar que Destéfano fue uno de los asistentes a la reunión de la mesa judicial realizada en la sede del Banco Provincia de la Ciudad de Buenos Aires, donde el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aludió a que le gustaría tener una “Gestapo” (NdR: policía secreta de Adolf Hitler) para perseguir y encarcelar a sindicalistas.

En el marco de la causa, Kreplak le tomó indagatoria a todos los empresarios que participaron de dicha reunión acontecida el 15 de junio de 2017: solo uno de los hombres de negocios decidió responder preguntas mientras que todos los demás se negaron a declarar y efectuaron descargos por escrito.

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La estrategia de los empresarios fue similar en todos los casos: confirmaron su asistencia al encuentro, dijeron haber sido convocados de modo “institucional”, señalaron que asistieron en busca de soluciones que el Estado pudiera ofrecerles para sus conflictos con la Uocra de La Plata y negaron conocer a los espías que participaron de la reunión.

Después de la declaración de Destéfano, el juez Kreplak aguarda el testimonio del exdirector de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, que está citado para este próximo jueves 31 de marzo.

En tanto, el senador bonaerense de JuntosJuan Pablo Allan, deberá prestar indagatoria el 5 de abril que viene, después de que la Cámara alta provincial rechazara la semana pasada el pedido de desafuero solicitado por el magistrado federal.

Mesa judicial: los inicio de la causa

La causa que investiga el supuesto funcionamiento de una supuesta mesa judicial se inició a partir de la denuncia presentada por la interventora de la AFICristina Caamaño, tras el hallazgo de un video en el que aparecían funcionarios del Gobierno de Vidal, dirigentes de su espacio político, miembros de la Agencia de Inteligencia y empresarios, reunidos para avanzar en el encarcelamiento del extitular de la Uocra La PlataJuan Pablo “Pata” Medina.

Según surge del expediente, en la causa se investiga “el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del Gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de Uocra la seccional La Plata o de su Secretario General y allegados”, durante 2017.

En ese contexto, “se habrían producido distintas actividades de inteligencia prohibida legalmente, tales como la realización de tareas de campo y la consulta de diversas bases de datos sin orden judicial que lo habilite por parte de agentes de la agencia Federal de inteligencia nacional cuyo producido fue luego utilizado por funcionarios de esa misma agencia para la generación de informes”.

La investigación intenta determinar si existieron presiones, sugerencias o negociaciones entre funcionarios de la AFI y o del gobierno provincial con autoridades judiciales y o del Ministerio Público Fiscal, que implicaron “violaciones a la normativa de orden procesal penal relacionada, al menos, con cuestiones de competencia”.

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