Este lunes, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el presidente de la Nación, Javier Milei, delegó el control total de los fondos fiduciarios nacionales al ministro de Economía, Luis Caputo, al que se le encomendó auditar la gestión de los 29 fideicomisos nacionales.
De esta manera, según indica la medida, será tarea del Ministerio de Economía ejercer la “dirección y conducción” de los fondos fiduciarios nacionales, por lo que, en los casos que tengan designados organismos o comités para el reparto, antes deberán responder a las instrucciones de Caputo.
En ese sentido, según indica el Decreto 215/2024, “con la asistencia de la Sindicatura General de la Nación o o mediante la contratación de consultores independientes externos de reconocida trayectoria y experiencia”, Caputo deberá realizar una auditoría integral de los fondos fiduciarios, es decir, una revisión completa de las transferencias nacionales.
Asimismo, la medida, que lleva las firmas de Milei, Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, indica que el Palacio de Hacienda tendrá un plazo de 60 días para hacer las auditorías de los fondos fiduciarios, con la posibilidad de prorrogar el mismo período “por única vez”.
En ese marco, la cartera de Economía estará encargada de realizar “las adecuaciones contractuales que resulten necesarias con el fin de dar cumplimiento” al plan motosierra del presidente Milei, quien consideró, en varias ocasiones, que los fondos fiduciarios son “cajas negras de la política”, a pesar de que en muchos casos sean destinados para pagar salarios o subsidios.
Por este motivo, el Gobierno retomó el informe de entrega y recepción elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre los fondos fiduciarios para señalar que hay una “inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funcionamiento” de cada uno de los fideicomisos.
En esa línea, la medida dio cuenta que el Gobierno desconoce “las políticas generales” de cada uno de los fondos fiduciarios, así como también “los mecanismos para la formalización de expedientes y documentación de respaldo de las decisiones, las responsabilidades sobre el seguimiento y control de beneficiario, los sistemas de información sobre el estado de ejecución y avance de obras, entre otros”.
Por este motivo, Milei y Caputo argumentaron que “la ausencia o falta de integridad y sistematización” del funcionamiento de los fondos fiduciarios dificultan la “transparencia y trazabilidad de las actuaciones y, por lo tanto, las tareas de control y fiscalización sobre la asignación de recursos”.
Es preciso mencionar que, en la actualidad, existen 29 fondos fiduciarios, que son fideicomisos públicos, con los que se financian obras públicas y distintos proyectos de los Gobiernos, en los que los ministerios u organismos transfieren sumas a las entidades, generalmente bancarias, para que los administren.
