En las últimas horas, el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le encargaron a los titulares de las carteras y secretarías de la Nación la tarea de realizar una “evaluación profunda” de cada dependencia, con el objetivo de identificar aquellas “normas obsoletas” que, con el criterio de La Libertad Avanza, pueden ser derogadas.
Es preciso mencionar que, la evaluación que realizarán los nueve ministerios, excluido el que lidera Sturzenegger, tiene un respaldo en el proceso de desregulación que inició el Gobierno nacional desde el inicio de la gestión, y en la idea que surgió a principios de este mes entre el Presidente y el Ministro de Desregulación y Transformación, de emitir un nuevo mega DNU para eliminar o fusionar más de 50 organismos.
En tanto, la evaluación para encontrar las normativas obsoletas se hizo oficial este lunes mediante la publicación del decreto 90/2025 en el Boletín Oficial, que dispone que las “jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° inciso a) de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias deberán realizar un relevamiento con el objetivo de identificar las normas vigentes, y proponer la derogación de aquellas que resulten obsoletas, innecesarias o que encuadren dentro de los criterios establecidos”.
De acuerdo con lo ordenado, cada uno de los organismos nacionales deberán presentar, dentro de los próximos 30 días y ante el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, un informe con un relevamiento que contenga un listado del tipo de normas que hagan al ámbito de su competencia, es decir leyes, decretos de necesidad y urgencia (DNU), decretos en ejercicio de facultades delegadas, y decretos reglamentarios y autónomos.
De esta manera, el documento que llegará hasta la oficina del propio Sturzenegger y luego a manos de Milei, deberá detallar qué normas se sugieren derogar o modificar, “con su debida motivación”. Para eso, tanto el Presidente como el Ministro de Desregulación detallaron una serie de criterios que deben tenerse en cuenta al momento de elaboración del informe.
Entre sus argumentos, el Gobierno nacional sostiene que esta decisión se enmarca en los lineamientos de Buenas Prácticas en Materia de Simplificación aplicables para el funcionamiento del Sector Público, establecidos en el decreto 891/17, y enfatizaron que la eliminación de normas obsoletas tiene como objetivo “generar mejores regulaciones, dar transparencia a los procesos regulatorios, y promover el crecimiento económico, la libre competencia, el comercio y la inversión”.
En este sentido, desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado señalan que “el proceso de evaluación permite conocer los resultados de las intervenciones realizadas y promover procesos de aprendizaje para la mejora permanente de la gestión y de las políticas públicas elaboradas”.
Según indica la normativa publicada esta mañana en el Boletín Oficial, el principal objetivo de esta decisión es “lograr una gestión más eficiente de los recursos públicos y permitir que el Estado nacional se enfoque en normativas relevantes y prioritarias y brinde respuestas más rápidas y transparentes a los ciudadanos”.
En la misma línea, el decreto sostiene que la eliminación de normas obsoletas e innecesarias “contribuye a una mayor claridad en el marco legal, y facilita su interpretación y aplicación por parte de los ciudadanos y los operadores jurídicos, lo que reduce la ambigüedad y la incertidumbre jurídica”.
Por último, el Gobierno de Milei consideró que todo esto “trae como consecuencia una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida”, mientras que Sturzenegger destacó que “este proceso de evaluación afianzará lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Nacional”.
Los criterios de Milei y Sturzenegger para identificar las “normas obsoletas”
Para la elaboración del informe final, los funcionarios del Gobierno nacional no sólo deberán justificar la eliminación o reformulación de las leyes, sino que además deberán aplicar un criterio especial dispuesto por Milei y Sturzenegger.
Así, los criterios que deben tenerse en cuenta al momento de elaboración del informe, entre los que se encuentran los siguientes:
- La norma resulta obsoleta o redundante
- Regula trámites o registros innecesarios
- Establece restricciones a la oferta de bienes y servicios, distorsiona los precios de mercado, impide la libre iniciativa privada o entorpece la interacción espontánea de la oferta y de la demanda
- Genera un sobrecosto en el sector productivo o escasez de bienes y servicios sin justificación en un interés público suficiente
- Implica la constitución de un monopolio artificial o barreras de entrada en actividades en las que es posible la libre competencia
