lunes, mayo 16, 2022

Oficial: los puntos clave del acuerdo con el FMI por la deuda de USD 45.000 millones  

El Ministerio de Economía de la Nación confirmó el envió del acuerdo con el FMI al Congreso de la Nación. Los ejes de la reestructuración de la deuda de USD 45.000 millones.

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El Gobierno nacional anunció este jueves que llegó a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda récord de aproximadamente USD 45.000 millones que tomó la administración del ex presidente Mauricio Macri.

El acuerdo con el FMI cerrado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue elevado al Congreso e incluye como anexos la totalidad de los documentos del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el de Entendimiento Técnico, precisó en un comunicado el Palacio de Hacienda.  

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La iniciativa -que lleva como título “Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional”, ingresó al Congreso de la Nación en los términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y comenzará a ser debatida en próximo lunes en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

 

El comunicado oficial afirma que hay coincidencia entre el Gobierno y el FMI de que la inflación “es un fenómeno multicausal -siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral”. “La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas”, agrega.

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El programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas”, sostiene el escrito difundido por la cartera de Hacienda.

Este nuevo acuerdo con el FMI viene a reemplazar “el fallido programa Stand By acordado en 2018, por un nuevo programa de Facilidades Extendidas”, agregó el comunicado. Minutos después del anuncio realizado por el Gobierno, el FMI también salió a confirmar el entendimiento, al que calificó de “pragmático y realista”.

Como informó este medio, el acuerdo con el FMI arrancará a ser debatido en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación el próximo lunes, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

En tanto, para el miércoles el oficialismo tiene previsto que se avance en el dictamen, tras lo cual se sesionaría entre el jueves y el viernes para aprobar el proyecto del acuerdo con el FMI en la Cámara baja. Por último se aguarda para la próxima semana su tratamiento en el Senado de la Nación.

Los puntos clave del acuerdo con el FMI

  • Se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. También este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales.

  • Asimismo, se apunta a una reducción gradual del déficit fiscal, consistente con un crecimiento moderado del gasto en términos reales con el objetivo de apuntalar la recuperación económica en curso, al tiempo que se fortalecen el crédito y la moneda nacional. “Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024”, define uno de los Memorándum.

  • Este sendero hace posible un paquete equilibrado de medidas de gastos e ingresos para sostener una política expansiva que permita aumentar la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, promover la generación de empleo, seguir impulsando la actividad económica y fortalecer la asistencia social enfocados “en abordar la pobreza infantil y reorientando el apoyo para promover la inclusión en el mercado laboral, particularmente de las mujeres y las personas con menor calificación laboral”.

  • En relación a las jubilaciones, el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional, por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609. Dicha fórmula permite que las prestaciones crezcan a partir de los incrementos de la recaudación nacional y de los salarios de la economía.

  • En el marco de sus objetivos de estrategia energética, está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso. Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales.

Acuerdo con el FMI: cuánto aumentarán las tarifas

El Gobierno ya dio las primeras pistas de cómo serán los aumentos de las tarifas de gas y electricidad durante 2022 y 2023 según el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, que demandaba una reducción de los subsidios a la energía.

Según la información oficial, los aumentos de tarifas estarán por debajo del coeficiente de variación salarial —el índice que mide la evolución de los salarios registrados del sector público y privado—, pero al mismo tiempo un 10% de los usuarios que tienen ingresos más altos dejará de percibir subsidios.

En este sentido, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, anticipó que en 2022 y 2023 habrá aumentos diferenciados, según tres categorías de usuarios:

  • Usuarios de mayor poder adquisitivo: dejarán de recibir subsidios al consumo energético en función de su plena capacidad de pago (abarcaría al 10% de los usuarios).

  • Beneficiarios de la tarifa social: el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. La evolución del índice de 2021 fue de 56,5%. Por lo tanto, el aumento rondaría el 22,6%.

  • El resto de los usuarios: el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior. En este caso, rondaría el 45,2%.

  • usuarios no residenciales: incluye comercios e industrias y se dispuso el pago de la tarifa plena para los clientes industriales, denominados GUDI (Grandes Usuarios del Distribuidor), que son aquellos que demandan mayor potencia, y para el resto (pymes y comercios) se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.

  • Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de segmentación de los  Beneficiarios de la tarifa social y el resto de los usuarios

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