En una maratónica sesión, la Cámara de Diputados de la Nación trató este miércoles los recientes vetos presidenciales a la ley de emergencia en discapacidad y al aumento del 7,2% a las jubilaciones. La primera medida fue rechazada por más de dos tercios, pero el Gobierno se alzó con un parcial triunfo con la ratificación del freno a la suba de los haberes previsionales.
En primer término, y con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, diputados de la oposición consiguieron rechazar el veto presidencial de Javier Milei a la emergencia en discapacidad. Ahora la medida implementada por el Gobierno pasará a la Cámara alta y, en caso de similar resultado, el Ejecutivo se vería obligado a sancionarla.
De esta manera, la oposición ratificó el proyecto que pretende actualizar las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de prestadores, el sostenimiento de instituciones educativas y terapéuticas, así como la ampliación de programas de inclusión, a pesar de las promesas de último momento del Gobierno nacional con respecto al sector.
Mientras los diputados debatían el veto de Milei, en un intento de último momento para torcer el voto de los aliados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la administración mileísta otorgará un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”, señaló el vocero.
Pese a que la oposición pretendía también revertir los vetos de Milei al aumento de las jubilaciones, que incluía también un incremento de $70.000 a $110.000 del bono para los adultos mayores, el rechazo del veto no logró reunir los dos tercios de los votos necesarios, por lo que se mantiene la medida presidencial. Entre propios y aliados, La Libertad Avanza logró reunir un total de 83 votos.
En ese marco, el papel de los Gobernadores jugó un papel fundamental, entre votos a favor, abstenciones y ausencias. En los votos positivos, estuvieron los legisladores mendocinos que responde al gobernador Alfredo Cornejo, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, mientras entre los que se abstuvieron se destacan los cuatro diputados de Misiones que responden al líder renovador Carlos Rovira y Marcela Antola, que trabaja alineado con el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
Dentro de los 8 ausentes que optaron por no votar estuvieron Agustín Domingo de Innovación Federal, quien responde a los pedidos del Gobernador Alberto Weretilneck (Río Negro). Tampoco estuvo Tanya Bertoldi, diputada nacional de Unión por la Patria, dialoguista del mandatario provincial Rolando Figueroa (Neuquén).
Además de los vetos, en el temario figuran proyectos impulsados por gobernadores como la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, junto con la reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA, en el que se vio involucrado el Presidente.
Es preciso mencionar que, para rechazar los vetos la oposición se necesita reunir los dos tercios de los votos presentes en ambas cámaras. No obstante, en el Senado, la oposición esta más holgada de con los números. De ratificar la norma, el Poder Ejecutivo estará obligado a promulgarla, según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Nacional.
Con lo respecta al orden parlamentario, Unión por la Patria (UxP) pretende hacer un “sanguchito” entre los proyectos propios y aquellos de los gobernadores, siguiendo los pasos de lo que sucedió en el Senado cuando se trataron jubilaciones y ATN, para obligar a los legisladores provinciales a quedarse en la votación de todas las iniciativas.
“Si vas primero con el tema de ellos después negocian y te levantan a los diputados. Vamos a intercalar así tienen que estar presentes porque si ellos no apoyan lo nuestro nosotros no vamos a acompañar lo de ellos”, adelantó un diputado opositor que no responde a ningún gobernador y que desconfía de los jefes de los estados provinciales.
“Ya hay diputados que responden a gobernadores que habían firmado el proyecto original que ahora acompañaron el dictamen del gobierno. Otros que dicen que lo van a analizar, todo eso abre un espacio de negociación con el oficialismo que hasta ahora no había, puede haber un cambio de posición de los gobernadores”, expresaron desde una bancada de diputados.
Los proyectos que se tratan en Diputados
En detalle, los dos proyectos que ya tienen media sanción del Senado y que fueron pedidos por los gobernadores, son el que modifica la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que aplica cambios al Impuesto a los Combustibles Líquidos.
La primera iniciativa, apunta a aumentar la capacidad de las provincias para recibir fondos discrecionales y fortalecer su autonomía financiera. De esta manera, los mandatarios pretenden reducir la discrecionalidad del Gobierno en el otorgamiento de los fondos, con criterios automáticos para su distribución.
Según protestaron los mandatarios provinciales, la administración mileísta no está invirtiendo la parte de ese tributo en infraestructura vial, tal como corresponde por ley, y se la está quedando para “sostener el superávit fiscal“.
En tanto, el segundo proyecto propone la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos “para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada una defina”.
Además, desde Unión por la Patria (UxP) buscan insistir con la emergencia para Bahía Blanca, el proyecto pretende crear un fondo especial de $200.000 millones para asistir a los damnificados, y que fue vetada por el jefe de Estado en junio de este año a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) n°424/2025.
A su vez, la iniciativa vetada contemplaba una batería de medidas económicas, sociales y financieras para asistir a las víctimas del temporal del pasado 7 de marzo, que dejó graves daños en infraestructura, viviendas y actividades productivas en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.
Entre otras disposiciones, el texto establecía el otorgamiento de créditos a tasa preferencial, suspensión de ejecuciones judiciales y fiscales, y exenciones impositivas, al tiempo que fijaba la ejecución del fondo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, con la articulación de acciones con el Gobierno bonaerense y priorizando recursos humanos y materiales locales en las obras de reconstrucción.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo justificó la decisión al señalar que “las medidas que pretendían ser adoptadas ya fueron implementadas por el Decreto 238/2025”, firmado en marzo tras la emergencia.
Según esa norma, se creó un fondo especial por el mismo monto, $200.000 millones, para otorgar subsidios directos a los residentes de Bahía Blanca afectados por el temporal, administrado por el Ministerio de Seguridad bajo el programa “Suplemento Único para la Reconstrucción” (S.U.R.).
