Frente a los inminentes recortes presupuestarios, la paralización de la obra pública y el manejo discrecional de los fondos por parte de la administración de Javier Milei, los gobernadores decidieron avanzar con distintos proyectos de ley en el Congreso para reclamar recursos.
Es que, tras la falta de respuestas e incentivos por parte del Ejecutivo, en pleno año electoral, los gobernadores impulsarán dos proyectos de ley en el Senado para formalizar su reclamo y limitar la discrecionalidad del jefe de Estado libertario sobre los fondos que le corresponden a las provincias.
En efecto, la semana próxima, los mandatarios intentarán que la Cámara Alta, defina nuevos esquemas de distribución del impuesto a los combustible y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), quitándole las herramientas de discrecionalidad al Ejecutivo nacional. Dato no menor es que, el 8 de julio además vencerán las facultades delegadas al Presidente.
A grandes rasgos, lo que exigen los gobernadores es modificar los ATN que el Ejecutivo retiene para que sean distribuidos a las provincias “de acuerdo a la coparticipación primaria y secundaria”, teniendo en cuenta la situación de crisis de los territorios.
Lo que sucede es que, según alegaron los gobernadores, el Gobierno no está invirtiendo la parte de ese tributo en infraestructura vial, tal como corresponde por ley, y se la está quedando para “sostener el superávit fiscal“.
En tanto, la segunda iniciativa de los mandatarios propone la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos “para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada una defina”.
En otras palabras, eliminar “las cajas negras de la política” que el propio oficialismo cuestionó en 2024, cuando llevó adelante la supresión de más de una de esas herramientas de financiamiento.
Cabe destacar que, las iniciativas llevan la firma de representantes de todas las bancadas que gobiernan alguna provincia, con el Frente PRO incluido. En detalle son: José Mayans, Juliana di Tullio, Fernando Salino, Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria), Eduardo Vischi y Martín Lousteau (UCR), Alfredo De Angeli (Frente PRO), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Carlos Espínola (Unión Federal).
Sin embargo, las excepciones, además del bloque libertario, son: el formoseño Francisco Paoltroni (exlibertario enfrentado con su gobernador Gildo Insfrán); la tucumana Beatriz Ávila; la neuquina Lucila Crexell, el salteño Juan Carlos Romero y el bloque Por Santa Cruz.
Tampoco están las firmas de los misioneros que responden al mandamás Carlos Rovira pero, según dijeron fuentes de la Cámara alta, se plegarían al reclamo de los gobernadores, dada la situación de crisis de la provincia.
Vale precisar que, puertas adentro los bloques firmantes están alineados en favor de ambos proyectos, por lo que estos saldrían con más de dos tercios de los votos. En otras palabras, de tener que insistir ante un eventual veto del Presidente, la Cámara alta podría blindar las dos iniciativas.
Fondo de coparticipación y obras paralizadas: los reclamos de los gobernadores a Milei
Entre los argumentos para presentar el paquete de medidas en el Congreso, los gobernadores aseguraron que el derrumbe de la recaudación y de la coparticipación federal se tradujo en una importante caída estimada en 2025 de cerca de 2,5 billones de pesos para las provincias, equivalente a casi 0,3 % del PBI nacional, que amenaza los presupuestos locales.
En ese contexto, las rutas nacionales y obras federales paralizadas se convirtieron en otra señal crítica para los mandatarios provinciales, ya que afectan sectores productivos clave como el transporte, el turismo, el agro y el comercio local.
A pesar de que el CFI propone soluciones, algunos mandatarios aclaran que no se trata de una cumbre “anti‑Milei”, sino de abrir un canal de diálogo para encontrar respuestas a largo plazo ante un ajuste que castiga las arcas provinciales.
De esta manera, el conflicto entre gobernadores y Milei se profundiza: mientras el oficialismo confía en mantener su agenda con apoyos parlamentarios, las provincias buscan blindar sus recursos mediante la ley antes de que venza el 8 de julio. Así, la pulseada por fondos y poder promete extenderse hasta el corazón del próximo ciclo legislativo.
