El ingeniero y ex diputado nacional, Eduardo Santín, cuando asumió como titular del Instituto de Previsión Social (IPS) recibió un conjunto de “herencias” del gobierno de María Eugenia Vidal: por un lado, una relación activo-pasivo que amenazaba la caja previsional y, por el otro, la histórica deuda de las “pensiones por invalidez”.
Según contó el propio Santín, que por estas horas presentó su renuncia y será reemplazado por la dirigente camporista Marina Moretti, a Diputados Bonaerenses el pedido de Axel Kicillof fue “rescatar” al IPS. Así fue que el Gobierno aplicó una política de pases a planta permanente y transitoria que comenzaron a equilibrar esa relación.
Naturalmente, Santín deja a mitad de camino el plan trazado por Kicillof para el IPS, una hoja de ruta que deberá continuar Moretti. Pese a eso, el ingeniero deja una cuenta pendiente aún mayor que hasta el momento ninguna gestión que pasó por el organismo previsional pudo solucionar: las pensiones del IPS.
A mediados de 2021, después de años de reclamo, un conjunto de organizaciones logró que la Justicia ordenara actualizar las pensiones “por invalidez” del IPS, que pasaron de $860 a $4.800 para las personas mayores de edad y de $1.200 a $6.800 para los menores. Sin embargo, los montos siguen siendo inferiores al haber de referencia.
Desde sus primeros meses en la gestión, Santín abordó el problema de las pensiones del IPS, incluso buscó consensos para modificar la normativa en la Legislatura bonaerense durante las exposiciones que protagonizó junto a diputados y diputadas, pero no pudo dejar el organismo con esa cuenta saldada.
Las pensiones “por invalidez” del IPS fueron creadas por la ley 12.205, sancionada por el parlamento provincial en 1984. La norma establece que el beneficio tendrá carácter “vitalicio”, que será equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y que se deberá actualizar automáticamente, algo que ninguna gestión cumplió, incluida la de Santín.
El problema es que si los valores de las pensiones del IPS se actualizarán de manera automática como establece la ley (hoy deberían rondar los $14.000), se acercarían mucho al régimen nacional, lo que podría generar una “migración” masiva de los 270 mil pensionados por invalidez que están bajo la órbita del Agencia Nacional de Discapacidad.
¿Cuál es el motivo? Los pensionados por invalidez del IPS reciben la cobertura del Instituto Médico Obra Asistencial (IOMA) que tiene prestaciones mucho más completas que el Plan Incluir Salud que reciben los beneficiarios que dependen de la Nación. Ese es el argumento que puso sobre la mesa Santín para incumplir con la ley.
Frente a este escenario y con un IPS desfinanciado, Santín exploró una “salida por arriba” al reclamo que no pudo llegar a concretar y que le quedará como herencia a la camporista Moretti. El ingeniero propuso pasar a los cerca de 30 mil pensionados por invalidez bonaerenses al régimen nacional.
El rechazo de los beneficiarios a la pérdida automática del IOMA fue inmediato, por lo que Santín ofreció mantenerles la cobertura, acuerdo que no regiría para los nuevos pensionados. En ese sentido, cualquier traspaso a la órbita nacional deberá pasar por la Legislatura bonaerense.
“Estamos en diálogo por las pensiones sociales. Nación quiere terminar un estudio. Estamos terminando de analizar los presupuestos. Cuando cerremos el acuerdo va a haber que modificar la Ley 10.205, eso lo hablé con los legisladores y estarían de acuerdo”, expresó Santín a Diputados Bonaerenses en octubre de 2020. Nada de eso ocurrió.
Así, por estas horas, Santín deja el IPS sin haber saldado la deuda social con los beneficiarios de pensiones “por invalidez” de la provincia de Buenos Aires, un sector siempre desamparado de la sociedad. Desde la última actualización, anterior a la que forzó la Justicia este año, pasó más de una década.
La herencia de las pensiones del IPS fue trasladada del gobierno de Daniel Scioli al de María Eugenia Vidal y luego al de Axel Kicillof, que en más de dos años con Eduardo Santín al frente del organismo previsional tampoco logró darle una solución definitiva como impone la realidad de los olvidados beneficiarios bonaerenses.
¿Será la camporista oriunda de San Andrés de Giles, Marina Moretti, quien se alzará con el logro de ponerle fin a la situación de incertidumbre que atraviesan los pensionados por invalidez de la provincia o, por el contrario, quedará junto a Santín en la lista de los titulares del IPS que no supieron o pudieron saldar esta deuda social? El tiempo lo dirá.
