El ministro de Seguridad, Sergio Berni, que viene de sufrir en carne propia el hartazgo vecinal ante el asesinato de un nuevo colectivero en La Matanza, fue interpelado a presentarse en la Legislatura bonaerense para dar explicaciones por la política de prevención de delito llevadas adelante durante su gestión.
Por medio de un pedido de informes ingresado en las últimas horas, la diputada del Partido Demócrata, Constanza Moragues, solicitó la presencia de Berni en la Cámara baja para que detalle el plan de seguridad, los puestos de control provinciales vigentes y, en particular, los operativos en Virrey del Pino, luego del crimen del chofer de la línea 620, Daniel Barrientos.
Es que, el caso de Barrientos volvió a poner en el centro de la escena pública el aumento de la inseguridad en el Conurbano bonaerense, que sigue acumulando víctimas. “El Estado ha fallado en garantizar la seguridad y preservar la vida de sus habitantes”, apuntó la diputada libertaria.
“Ha quedado demostrada no sólo la incapacidad para controlar el delito, sino también, la pérdida de autoridad y la ruptura de la ley y el orden por parte de los delincuentes que azotan a los bonaerenses, y, son el resultado directo del fracaso rotundo en materia de seguridad pública”, criticó Moragues.
Vale recordar, que en mayo de 2021, un chófer de la misma línea fue baleado en su rodilla derecha luego del asalto cometido por tres delincuentes, y un año antes el chofer de la línea 324 de Florencio Varela, Christian Amares, sufrió la amputación de su dedo meñique producto de un asalto.
Los hechos delictivos se repiten a lo largo del tiempo, con víctimas fatales como, Pablo Flores, que en 2022 perdió la vida de cuatro balazos mientras conducía un colectivo de la línea 218 o el de Leandro Alcaraz asesinado en 2020 de dos disparos, ambos casos en Virrey del Pino, partido de La Matanza.
En este sentido, la legisladora del Partido Demócrata analizó que “es posible identificar que el denominador común es un Estado fallido incapaz de resolver y recuperar su función esencial de anticipar, prevenir y monitorear la actividad criminal en territorio bonaerense, a fin de salvaguardar la vida, la libertad y la propiedad de los bonaerenses”.
“Resulta fundamental en este caso, contar con información veraz, completa y pertinente, a los fines de evaluar, corregir y rediseñar políticas orientadas a la restitución de este servicio público esencial, de manera inmediata y eficiente”, fundamentó Moragues en la solicitud del pedido de informes dirigido al ministro Berni.
Es preciso mencionar, que desde el Gobierno bonaerense sólo intentaron desligar responsabilidades en los intendentes por la falta de efectivos policiales en la región y en las empresas de transporte por demorar la implementación de la ley 14.897 sancionada en 2016, que establece la obligatoriedad del uso de cámaras de seguridad en los colectivos.
La ley 14.897 fue reglamentada recién en abril de 2018 (dos años después de su sanción en la Legislatura bonaerense) tras el asesinato del chofer Alcaraz en La Matanza. Sin embargo, la implementación de la norma para la adquisición de cámaras en los colectivos recién llegó en 2019, aunque a ritmo muy lento.
En junio de 2021, la Provincia firmó una nueva resolución con el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, para que las nuevas unidades de transporte público de pasajeros que sumen las empresas a su plantel, cuenten con cámaras de seguridad. Pero al día de hoy, siguen sin cumplir con la reglamentación.
Por esto, desde el bloque de Espacio Abierto Juntos de la Cámara baja solicitaron por medio de otro proyecto que el gobernador Kicillof explique por qué no se cumple con la ley que obliga la colocación de cámaras de seguridad en los colectivos. “Claramente ha habido negligencia por parte del Estado”, criticaron desde el espacio en sintonía con la postura de Moragues.
Mientras tanto, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, inició este miércoles una ronda de reuniones con los equipos técnicos de los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para acordar la puesta en marcha del Comando Unificado Conurbano, cuyo objetivo es potenciar las tareas de Gendarmería en la zona. Se trata de una estrategia anunciada a principios de marzo que generó tensiones con la endeble administración de Axel Kicillof.
