En las últimas horas, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, firmó la Resolución 194/23 que establece que, desde este viernes, las empresas que prestan servicio de movilidad público tienen 30 días hábiles para darse de alta en el sistema de monitoreo que se puso en marcha luego del trágico asesinado del chofer de colectivos, Daniel Barrientos.
En este sentido, la resolución explicita que, a partir del 1° de febrero del 2024, cuando la norma empiece a regir con todo su peso, aquellos colectivos que no tengan las cámaras de seguridad correspondientes, no pasarán la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Asimismo, los colectivos de las empresas de transporte público que tengan cámaras de seguridad con defectos o ausencia en la convergencia de sus señales de monitoreo, pasarán la VTV de manera condicional con 60 días para corregir el conflicto, de lo contrario, se les quitará la licencia de circulación hasta que todo esté en regla.
Finalmente, la cartera a cargo de D’Onofrio también decidió que desde el 1° de febrero de 2024 todos los vehículos que ingresen al sistema provincial de transporte urbano e interurbano de media distancia ya deberán tener las cámaras y el sistema de monitoreo correspondiente, en caso contrario, no serán habilitados por las autoridades ministeriales.
Cabe recordar que, tras el asesinato de Barrientos el pasado 3 de abril, el gobierno de la Provincia se reunió con representantes de las empresas de transporte para acordar la instalación de las cámaras de seguridad en todos los colectivos que circulan por el Conurbano bonaerense y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En la misma línea, los funcionarios de la provincia de Buenos Aires y los delegados de las empresas de transporte se pusieron de acuerdo para poner en funcionamiento en las unidades de movilidad pública un sistema de monitoreo con tecnología 4G en los colectivos.
Frente a la lentitud para cumplir con lo pactado en aquella reunión que transcurrió hace más de tres meses, D’Onofrio firmó la resolución que se publicó en las últimas horas en el Boletín Oficial para acelerar el trámite de colocación de cámaras en los transportes públicos, dándole a las empresas hasta los primeros días de septiembre para amoldarse a las nuevas normas.
En rigor, la Ley provincial 14.897 sancionada en el 2017 que había establecido la obligatoriedad de instalar cámaras de seguridad en los colectivos, pero nunca se había avanzado, tomó un rol central en la provincia de Buenos Aires tras el crimen de Barrientos.
Cabe mencionar que, en los últimos días, el precandidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, en sus recorridas electorales por el conurbano bonaerense pasó por Almirante Brown, un caso testigo del funcionamiento de los sistema de seguridad en los colectivos, dado que cuentan con cámaras en las unidades.
Asimismo, Massa destacó el trabajo realizado por el Centro de Operaciones en el que se monitorea el normal funcionamiento de los colectivos en el municipio, al tiempo que consideró que en caso de ser electo como presidente en las próximas elecciones 2023, “hay que lograr que en 180 días no quede ni un colectivo sin este sistema”