La diputada bonaerense de Fuerza Patria y referenta del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto para que la provincia de Buenos Aires cree un Registro Provincial de Plataformas Digitales (RPPD), con el objetivo de fiscalizar el funcionamiento de los algoritmos utilizados por estas empresas y garantizar mayor transparencia en la determinación de precios, promociones y condiciones comerciales que afectan a los consumidores.
“En la actualidad, debido a la falta de control estatal a nivel nacional y la aparición de nuevas prácticas comerciales con nuevos usos de tecnologías, vemos que se produjo en gran medida una ausencia de reglas claras y de marcos adecuados de protección jurídica respecto a los derechos de los consumidores y usuarios, siendo vulnerados de manera constante por plataformas digitales”, escribió Rasquetti en los fundamentos del escrito.
En ese marco, Rasquetti señaló que la falta de políticas públicas específicas para regular las plataformas digitales “deja a todas las personas en una situación de vulnerabilidad que ya ha sido abordada por múltiples proyectos presentados por colegas en diferentes ámbitos de su competencia”.
De esa manera, la iniciativa propone incorporar nuevos artículos a la Ley 13.133 de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios para obligar a todas las plataformas online que operen en territorio bonaerense a inscribirse en un registro específico antes de iniciar actividades. En el caso de las empresas que ya funcionan en la provincia, deberán registrarse dentro de un plazo de 90 días desde la eventual sanción de la norma.
Según el texto que lleva la firma de Rasquetti, el Registro Provincial de Plataformas Digitales tendrá como finalidad “identificar a las empresas alcanzadas y permitir la fiscalización de los sistemas algorítmicos que utilizan”. En tanto, entre la información requerida figura la identificación legal de la firma, la descripción del servicio y del modelo operativo, las variables y parámetros empleados para la asignación de pedidos, el cálculo de tarifas, promociones y bonificaciones, así como los registros de auditoría que permitan reconstruir decisiones individuales y colectivas.
Asimismo, las plataformas deberán informar las características técnicas de los modelos utilizados, lo que incluye versiones, fechas de implementación, modificaciones sustanciales y sus respectivos fundamentos técnicos, junto con la documentación que detalle la finalidad, las limitaciones, los supuestos y los criterios de evaluación de los algoritmos empleados, además de designar responsables técnicos y jurídicos con domicilio en el país.
En ese marco, el proyecto de Rasquetti establece que el organismo encargado de aplicar la ley podrá acceder a toda la información presentada por las plataformas online para controlar cómo funcionan sus sistemas de precios, promociones y condiciones de contratación. De acuerdo a la iniciativa de la legisladora, el objetivo es evitar las prácticas que puedan perjudicar a los consumidores y garantizar que las empresas actúen con mayor transparencia en sus relaciones comerciales.
Es que, Rasquetti señala que a través de algoritmos, las plataformas alteran de manera instantánea las condiciones de venta, lo que provoca una vulnerabilidad directa de los consumidores frente a la fluctuación de valores. En tanto, la diputada menciona que este sistema comenzó a utilizarse de manera masiva en YPF a mediados de 2025, y que su aplicación continúa expandiéndose hacia otros ámbitos de la actividad económica.
“En Argentina, la protección al consumidor se encuentra regulada en la Constitución Nacional y en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, garantizando la salud, seguridad, intereses económicos, información veraz y trato digno. Viendo la importancia de adecuar el derecho a nuevas prácticas comerciales y tecnológicas, es que presentamos encuadrar jurídicamente esta necesidad de transparentar los algoritmos usados que actúan en la realidad”, completó Rasquetti.
En tanto, la iniciativa de la legisladora del Frente Renovador se inscribe en una línea de trabajo que la propia diputada ya había impulsado en materia de transparencia de precios. Es que, en noviembre de 2025, la comisión de Servicios Públicos de la Cámara baja aprobó un proyecto de su autoría que buscaba obligar a las petroleras a informar con 72 horas de anticipación cualquier aumento en los combustibles.
En aquella oportunidad, la diputada renovadora cuestionó la resistencia de algunas compañías energéticas a brindar información sobre las subas de precios, y defendió la necesidad de garantizar previsibilidad para los usuarios. “La eliminación de la obligación de comunicar aumentos generó un vacío normativo que afecta directamente a los consumidores”, remarcó Rasquetti en ese entonces, con argumentos similares a los expuestos en el proyecto para crear un registro de plataformas digitales.
