El Gobierno nacional definió un cronograma para intentar convertir en ley la reforma laboral antes del inicio de las sesiones ordinarias. La estrategia oficial apunta a llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta entre el 10 y el 12 de febrero, para lo cual el Ejecutivo prevé convocar a un nuevo período de sesiones extraordinarias desde el lunes 2 de ese mes.
Con una bancada propia de 21 senadores, La Libertad Avanza necesita reunir al menos 16 voluntades adicionales para alcanzar el quórum de 37 y habilitar el debate. En ese escenario, la figura central será Patricia Bullrich, quien encabeza el interbloque oficialista y además preside la comisión de Trabajo y Previsión Social, desde donde defenderá el texto en el recinto.
El plan de acción contempla en primer lugar, una comisión técnica coordinada por la abogada Josefina Tajes comenzará a recopilar los pedidos de modificaciones impulsados por sectores de la UCR, el PRO y la CGT. La intención del oficialismo es ordenar las sugerencias y evitar cambios de último momento durante la votación.
En paralelo, Bullrich iniciará a partir del 26 de enero una ronda de reuniones cara a cara con los jefes de los bloques opositores considerados dialoguistas. El objetivo será sumar apoyos entre los diez senadores radicales, los tres del PRO y legisladores provinciales que responden a sus gobernadores.
Desde el oficialismo reconocen que el margen de maniobra es acotado, pero aseguran que algunas fuerzas del interior ya habrían comprometido su acompañamiento a la iniciativa. Esos respaldos, según deslizan en el Senado, responden a acuerdos políticos previos que exceden el contenido específico del proyecto.
El cronograma también está condicionado por la agenda institucional. El Ejecutivo podría habilitar las sesiones extraordinarias desde fines de enero o directamente desde el 2 de febrero, con posibilidad de extenderlas hasta fin de mes. Un día después, el 1° de marzo, el presidente Javier Milei concurrirá al Congreso para inaugurar el período ordinario.
Mientras se pulen los cambios al dictamen de mayoría firmado en diciembre, el oficialismo deberá definir la estrategia para defender las modificaciones en el recinto. Bullrich será la encargada de exponer el texto como miembro informante, un rol clave en una discusión que se anticipa extensa.
En el trasfondo de la discusión, también se registran tensiones internas en el Congreso. La reciente designación de Manuel Ignacio Chavarría, prosecretario de Coordinación Operativa del Senado, como autoridad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, generó malestar debido a que solicitó una licencia “ad honorem” en lugar de renunciar, manteniendo estructura y personal a su cargo en la Cámara Alta.
La CGT mueve fichas para moderar el alcance de la reforma laboral
En paralelo al avance del oficialismo, la CGT puso en marcha una estrategia territorial para intentar frenar o suavizar el contenido de la reforma laboral. Dirigentes sindicales comenzarán a visitar gobernadores con el objetivo de persuadirlos para que sus legisladores no acompañen la iniciativa o impulsen cambios en los artículos más cuestionados.
Desde la central obrera señalaron que el foco está puesto en puntos como la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, que obligan a garantizar servicios mínimos durante los paros, y en la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
Este último aspecto podría derivar en acuerdos por empresa en lugar de convenios sectoriales, una situación que, según el sindicalismo, debilitaría el poder de negociación de las conducciones gremiales.
La movida sindical replica, pero en sentido inverso, las gestiones que viene realizando el ministro del Interior, Diego Santilli, quien recorre provincias para sumar consensos en torno a la denominada “modernización laboral”.
