Este martes, familiares de personas con discapacidad e integrantes de distintas agrupaciones de este colectivo, marcharon al Congreso de la Nación para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, la movilización que comenzó alrededor de las 11.30 horas, derivó en empujones, insultos y momentos de tensión con las fuerzas de seguridad.
Las fuerzas de seguridad federales, bajo la órbita de Patricia Bullrich, desplegaron un impresionante operativo represivo para neutralizar a los concurrentes que incluyó la intervención de Gendarmería Nacional y de efectivos de la Policía Federal, en el marco del protocolo antipiquetes.
“Me parece sumamente innecesario que traigan a las fuerzas armadas, a la Policía… Acá hay personas amputadas, con parálisis cerebral… Estamos defendiendo derechos fundamentales de la Constitución que acá no se les está dando la plata necesaria”, expresó una de las manifestantes presentes.
Es que, la protesta autoconvocada respondió a la decisión del Ejecutivo nacional, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que implicó el veto presidencial al proyecto que fuera aprobado por ambas cámaras del Congreso y que establecía la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta 2026, junto a una serie de medidas orientadas a garantizar los derechos básicos del colectivo.
En ese marco, las organizaciones convocantes difundieron una serie de comunicados y publicaciones en redes sociales para invitar a la ciudadanía a sumarse a la movilización y visibilizar la problemática en los espacios públicos de todo el país, ante la “gravedad de la crisis” que atraviesa el sector.
En paralelo, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó un enérgico repudio al veto de Javier Milei y cuestionó al Gobierno nacional por desatender las necesidades de un sector históricamente postergado. “Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”, sentenciaron.
Según los datos incluidos en el mismo comunicado, miles de personas con discapacidad que se desempeñan en talleres protegidos perciben ingresos mensuales de apenas $28.000. A la par, muchas otras aún no acceden a una pensión básica, lo que les impide cubrir gastos elementales y sostener condiciones de vida dignas.
En línea con ese diagnóstico, el Foro también alertó sobre la situación crítica de los prestadores. Al respecto, las organizaciones advirtieron que numerosos centros de día, se encuentran al borde del cierre debido al atraso en los pagos y a la falta de actualización de los aranceles, lo que compromete seriamente los servicios de acompañamiento integral y afecta a quienes dependen de ellos como única fuente de apoyo.
Milei vetó el aumento a jubilados, la emergencia en Discapacidad y la moratoria
Mediante un comunicado difundido en sus redes institucionales, el gobierno de Milei ratificó este lunes el veto a las leyes que aumentaban las jubilaciones, restablecían la moratoria previsional y declaraban la emergencia en discapacidad.
A través del Boletín Oficial, la Oficina del Presidente fundamentó el veto al señalar que los proyectos sancionados implicaban “un gasto adicional de más de 7 billones de pesos” y atentaban “contra el equilibrio fiscal”. En ese contexto, desde la administración libertaria consideraron que las iniciativas buscaban “provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico”.
Asimismo, desde el Gobierno aseguraron que los proyectos vetados implicarían un gasto equivalente “a un 0,9% del PBI calculado para este año y un 1,68% para el año entrante” y, en ese sentido, acusaron a “determinados sectores” de haber impulsado esas leyes “en pleno ciclo electoral”, con el objetivo de hacer campaña para “volver a llevar al pueblo argentino a la miseria”.
Vale recordar que el año pasado, el líder libertario recurrió al veto para frenar un aumento en las jubilaciones, una suba en el presupuesto universitario y la ley que declaraba la emergencia en discapacidad. La última, establecía una actualización de aranceles automática de acuerdo al IPC, una compensación de emergencia y refuerzo de las pensiones no contributivas por invalidez, al mismo tiempo que establecía un aumento en el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
