La comisión de Derechos Humanos y Garantías del Senado bonaerense se reunió en la mañana de este miércoles para despachar por unanimidad un proyecto que propone que los trabajadores del Gobierno de la provincia de Buenos Aires deban cursar una capacitación obligatoria en DDHH, entre otras iniciativas.
“Estamos muy contentos del trabajo que nos damos en comisión, en su debate serio, porque estamos la mayoría de los bloques representados acá. Logramos por unanimidad este concepto de decir que los trabajadores del Estado tienen que estar formados obligatoriamente en derechos humanos. Es vital y más en esta coyuntura”, expuso en diálogo con Diputados Bonaerenses la titular del cuerpo parlamentario, la senadora peronista Ayelén Durán.
La iniciativa, que fue redactada por la senadora oficialista María Rosa Martínez y lleva la firma como coautoras de sus pares Amira Curi, Laura Clark, Sofía Vanelli y la ya nombrada Durán, busca que todos funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tengan que transitar esta capacitación en derechos humanos para poder realizar sus trabajos.
“Mañana lo presenta Rosa Martínez en el Salón Nunca Más a las 11, va a estar desglosando el proyecto. Este dictamen por unanimidad nos deja llevarlo directamente al sobre tablas en la próxima sesión del Senado bonaerense. Le tocarían dos comisiones más, pero si tiene unanimidad puede ir al recinto, por eso es importante lo que logramos hoy”, destacó Durán.


En esta línea, la titular de la comisión de Derechos Humanos y Garantía del Senado bonaerense recordó que la legisladora bonaerense Martínez ya había presentado un proyecto de este tipo en 2022 cuando fue diputada nacional. “Lo trabajó con la red interuniversitaria y también quedó como un proyecto, es importante que en su rol de senadora lo podamos hacer efectivo en la provincia de Buenos Aires”, consideró Durán.
Vale destacar que, el proyecto para establecer capacitaciones en derechos humanos para los trabajadores bonaerenses llega días después de conocerse la reunión que mantuvieron en secreto diputados nacionales de La Libertad Avanza con genocidas de la última dictadura cívico militar que se encuentran apresados en Ezeiza.
Sobre esto, Durán mencionó que la comisión de Derechos Humanos y Garantías del Senado bonaerense ya ingresó un proyecto para repudiar el accionar de estos legisladores nacionales de La Libertad Avanza por entrevistarse con represores militares debido a que “pone en jaque la calidad democrática en la que vivimos”. “La coyuntura nacional que avala los discursos negacionistas, creo que ahí nos queda un trabajo profundo a los legisladores para que estas cosas no sucedan”, sentenció.
Cómo será la capacitación en derechos humanos para estatales
Según expone la iniciativa de Martínez, la capacitación en derechos humanos para los estatales bonaerenses correrá a cuenta de la Escuela Provincial de DDHH, organismo dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En concreto, la capacitación contará con principios básicos de derechos humanos; los sistemas de protección regionales, nacionales e internacionales; las prácticas de la temática en la función pública, la situación de grupos específicos, el proceso de Memoria Verdad y Justicia, los derechos de los pueblos indígenas, el ejercicio del control de convencionalidad y los estándares difundidos por los órganos de protección.


“El fortalecimiento de nuestro sistema democrático está estrechamente vinculado a la calidad de la información y la capacitación sobre políticas públicas que estén fundadas en los principios y disposiciones de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, reconociendo que dicha fortaleza recoge el legado de los organismos y el camino que el Estado ha trazado en torno a la Memoria, la Verdad y la Justicia”, resalta Martínez en los fundamentos de su iniciativa.
En caso de negarse a realizar la capacitación en derechos humanos, el estatal bonaerense estará sujeto al régimen disciplinario de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Provincial y a las disposiciones pertinentes de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. En cuanto a los gastos que demande el curso, se tomarán de los créditos de las partidas presupuestarias de los organismos públicos de los que se trate.