El Senado de la Nación abrió este viernes una sesión especial con el Régimen Penal Juvenil como eje central y con el peronismo fijando postura anticipada contra las modificaciones a la reforma laboral. La jornada transcurre bajo un amplio operativo de seguridad, luego de los incidentes protagonizados por grupos de izquierda en el Obelisco.
El debate por la baja de la edad de imputabilidad a 14 años volvió a exponer diferencias entre los bloques en torno al alcance de la reforma y, especialmente, a los recursos previstos para su aplicación. En ese contexto, legisladores de distintos espacios coincidieron en la necesidad de abordar el proyecto, aunque plantearon reparos sobre su sustentabilidad presupuestaria.
“Nosotros creemos en la dignidad humana y en que la sensibilidad social de las políticas públicas constituyen la base para garantizar objetivos. Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”, reclamó el senador Jorge Capitanich, quien puso el foco en la asignación de recursos como condición indispensable para que la norma no se convierta en una mera declaración formal.
Desde la bancada de La Libertad Avanza, la legisladora Belén Montero defendió la iniciativa y subrayó la urgencia de su tratamiento parlamentario. La representante del oficialismo sostuvo que el Régimen Penal Juvenil constituye una respuesta institucional frente a un proceso social que se arrastra desde hace años y que exige definiciones concretas por parte del Estado.
Por su parte, Gabriela Valenzuela, de la Unión Cívica Radical (UCR), acompañó el proyecto aunque remarcó la necesidad de equilibrar responsabilidad penal y garantías. “Esta es una reforma trascendental que moderniza el Régimen Penal Juvenil de la Argentina. Parte de un principio básico: el adolescente que comete un delito debe asumir su responsabilidad pero también debe contar con todas las garantías legales”, expresó la dirigente correligionaria.
Vale precisar que uno de los ejes centrales de la discusión gira en torno al financiamiento previsto en el proyecto, dado que el texto establece un presupuesto de poco más de 23.700 millones de pesos para su implementación en todo el país. Ese monto no solo deberá cubrir la adecuación normativa, sino también los costos operativos, la infraestructura necesaria y los recursos humanos que demandará la aplicación efectiva del nuevo régimen.
Según datos oficiales del Servicio Penitenciario Federal, el costo del metro cuadrado se ubica en torno a los 3,2 millones de pesos, por lo que el monto asignado permitiría construir aproximadamente 7.400 metros cuadrados en todo el país, una cifra que resulta limitada si se considera la necesidad de adecuar o ampliar espacios específicos para la aplicación efectiva del nuevo régimen.
Si se distribuye esta superficie entre los 24 distritos del país, cada provincia dispondría de aproximadamente 308 metros cuadrados para infraestructura específica, lo que profundiza el debate sobre si el presupuesto alcanzará para acompañar la reforma libertaria con los recursos materiales necesarios para su aplicación.
El oficialismo consiguió el quórum y el Senado trata el Régimen Penal Juvenil y la reforma laboral de Milei
Los senadores de La Libertad Avanza (LLA) alcanzarón el quórum necesario para tratar al Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y la permanencia o anulación, de la derogación del artículo 44 sobre licencias por enfermedad de la reforma laboral de la administración mileísta.
Es que, en medio de la realización de la sesión preparatoria de este martes, el oficialismo y la oposición “dialoguista” acordaron sumar al temario dos proyectos claves para la administración libertaria, al filo del cierre del período de sesiones extraordinarias, que culminará este sábado 28 de febrero.
Así, en la sesión de este viernes, el oficialismo buscará aprovechar los vientos de victoria legislativa, tras aprobar el acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea (UE) para darle luz verde el nuevo Régimen Penal Juvenil y el pliego del ex diputado nacional del PRO, Fernando Iglesias, como embajador argentino ante Bélgica.
Es preciso mencionar que, la decisión de sumar el debate respecto de la Ley Penal Juvenil a las sesiones extraordinarias fue oficializada a último momento con la firma del propio Milei mediante el decreto 53/2026 publicado el pasado 27 de enero, y habilitó su tratamiento parlamentario en febrero, momento en el que se inauguró el período de sesiones extraordinarias.
En lo que respecta al texto, el proyecto original del Ejecutivo nacional establecía la baja de edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Sin embargo, ante la falta de consenso con la oposición dialoguista y el miedo de no conseguir las voluntades necesarias para aprobarlo, Casa Rosada decidió retirar la normativa y apoyar el texto original, a 14 años.
De esta manera, la bancada libertaria revalidó el dictamen que se firmó el 6 de mayo del año pasado: bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, reducir las penas máximas de 20 a 15 años, y la posibilidad de cumplir las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, tareas comunitarias e imposibilidad de conducir.
Además, la iniciativa también prevé un esquema de sanciones alternativas a la privación de la libertad para delitos con penas menores a tres años. Para hechos con penas de entre tres y diez años que no hayan provocado la muerte o lesiones graves, el proyecto prioriza medidas con enfoque social y educativo.
Por otro lado, el dictamen incorpora una cláusula de financiamiento exigida por bloques dialoguistas. El articulado asigna más de $20 mil millones para la Defensoría General y más de $3 mil millones para el Ministerio de Justicia, con el objetivo de garantizar la implementación efectiva del nuevo régimen.
Por último, el texto agrega la declaración de inimputabilidad del adolescente, lo que no implicaría en ningún caso la suspensión de la investigación judicial, que deberá continuar a los efectos de determinar la existencia y circunstancias del hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas que pudieran estar involucradas.
El Senado debate la permanencia o no del polémico artículo 44 sobre licencias por enfermedad de la reforma laboral
No obstante, el plato fuerte de la jornada legislativa será la reforma laboral. En ese sentido, el recinto de la Cámara alta discutirá si tala definitivamente el cuestionado artículo 44, que proponía el recorte del 50% hasta el 75% del salario durante las licencias por enfermedad.
Es que, uno de los puntos que generó mayor controversia en la reforma laboral impulsada por el oficialismo fue la regulación del período posterior al agotamiento de la licencia paga por enfermedad, que se denomina “periodo de reserva de puesto”.
En esta etapa, que puede extenderse hasta un año, el empleador deja de estar obligado a abandonar la totalidad del sueldo del trabajador, por lo que, mediante el convenio colectivo o acuerdo entre partes, podría abonar solo el 75% o 50% del salario, mientras el vinculo laboral se mantiene vigente.
“Si te lastimaste jugando al fútbol, tomaste una acción activa y el empleador no tiene nada que ver; en ese caso es el 50%”, sostuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre los cambios sobre licencias por enfermedad, que introduce la ley.
La medida fue cuestionada por sectores sindicales y de la oposición, que advirtieron que la reducción salarial podría afectar a trabajadores con enfermedades prolongadas y generar presión para una reincorporación anticipada.
