En un contexto de vaciamiento de las políticas de género por parte del Gobierno nacional, una tríada de senadoras bonaerenses de Fuerza Patria en las últimas horas denunció la existencia de trabas y obstáculos en el municipio de San Isidro para acceder al aborto legal, seguro y gratuito, contemplado en la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE).
Las legisladoras del peronismo se hicieron eco de una serie de reportes en el distrito liderado por el macrista Ramón Lanús, en los que los vecinos encontraron dificultades para acceder al aborto legal, seguro y gratuito. “Se registraron prácticas obstructivas en establecimientos de salud para la aplicación de la ley, a pesar de que el marco normativo es claro”, alertaron.
En efecto, la Ley Nacional N° 27.610 que consagra el acceso a la IVE establece obligaciones concretas para los efectores del sistema de salud, entre ellas garantizar la práctica en condiciones de calidad, accesibilidad, confidencialidad y con un trato digno, prohibiendo expresamente cualquier tipo de obstaculización o dilatación indebida.
Sin embargo, las senadoras Mónica Macha, Laura Clark e Inés Laurini alertaron que, a pesar de la normativa, en el municipio de la Primera sección existen prácticas contrarias. En los fundamentos de la iniciativa, las legisladoras mencionan el caso de una mujer que, al concurrir a un hospital de San Isidro para acceder a la IVE, una trabajadora de la salud le entregó una imagen de una Virgen, lo que puede interpretarse como “un intento de disuasión basado en creencias personales”.
“Este tipo de conductas no sólo resulta incompatible con las obligaciones legales de los profesionales, sino que también constituye una forma de violencia simbólica e institucional”, puntualizaron las autoras de la iniciativa.
Ante ese caso, Amnistía Internacional realizó una acción judicial frente a los obstáculos detectados en el acceso de la IVE en el municipio comandado por Lanús. En la presentación, el organismo también denunció la falta de información oficial y el recorte en las políticas de salud reproductiva.
En ese marco, la tríada peronista aclaró que las barreras para acceder a la IVE no es un caso aislado, sino que forma parte de una problemática estructural que incluye dilataciones injustificadas, derivaciones innecesarias, ejercicio abusivo de la objeción de conciencia, falta de información, prácticas de hostigamiento y maltratos.
“Desde la asunción del Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei se verificó un escenario de creciente incertidumbre en materia de políticas públicas vinculadas a la salud sexual y reproductiva, caracterizado por al desjerarquización institucional en áreas específicas, la reformulación de programas y la ausencia o discontinuidad de lineamientos claros de implementación”, enfatizaron las senadoras peronistas.
En esa línea, las legisladoras del oficialismo reafirmaron el carácter de derecho vigente de la IVE y la obligación indelegable de todos los niveles del Estado de garantizar su efectivo cumplimiento, “fortaleciendo los mecanismos de control, capacitación y acompañamiento del personal de salud a fin de asegurar prácticas respetuosas y libres de toda forma de coacción”.
Es preciso recordar que, esta semana la diputada bonaerense de la Coalición Cívica – ARI, Romina Braga, también presentó un proyecto para conocer el estado de insumos para la aplicación de la IVE. En su iniciativa, la oriunda de Tandil aseguró que desde 2024 se comenzaron a registrar faltante de medicamentos como misoprostol y mifepristona, esenciales para la aplicación de la ley.
