La controvertida ordenanza municipal de Tandil sobre la regulación de agroquímicos entra en vigencia hoy y se vuelve a abrir el debate sobre la necesidad de la ley a nivel provincial, una deuda en la Legislatura bonaerense.
En diciembre del año pasado, en medio de protestas de activistas de la ciudad, el Concejo Deliberante de Tandil aprobó una ordenanza que regula la aplicación de productos fitosanitarios en el distrito.
Con la llegada de Axel Kicillof a la Gobernación bonaerense, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez a paso lento comenzó a tender puentes para avanzar en una legislación que regule la aplicación de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires, pero de momento cada municipio lo regula a su forma.
En ese contexto, ante la falta de legislación, investigadores de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) dieron cuenta a partir de una serie de informes la presencia descontrolada de agroquímicos biocidas en suelo y agua de pozo en las 15 escuelas rurales del distrito, lo que dio pie a que el Honorable Concejo confeccione la normativa.
Desde el municipio de Tandil, destacaron que la implementación de la nueva ordenanza se da en los plazos establecidos, con un periodo de 90 días para la y bajo objeto de regular todas las acciones relativas al manejo responsable de los productos fitosanitarios.
La ordenanza establece una serie de multas para quienes hagan uso de agroquímicos en las zonas no permitidas del distrito, con sanciones que van de 5 a 30 sueldos municipales de 30 horas, categoría 4 del escalafón administrativo.
Asimismo, esas multas podrían duplicarse caso de una primera reincidencia en el uso indebido de agroquímicos en el distrito de Tandil. Y si se registrará una segunda reincidencia se inhabilitará al usuario por un lapso mínimo de 30 días.
Actualmente se está promoviendo el debate sobre el uso de fitosanitarios y agroquímicos en 45 municipios bonaerenses, que permite “empezar a construir acuerdos factibles” en la materia.
Ley de agroquímicos en la provincia: una deuda
Semanas atrás, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, brindó un informe de gestión ante los diputados bonaerenses que integran la comisión de Asuntos Agrarios de Cámara baja, y también se refirió a la necesidad de una nueva ley de agroquímicos.
“Creo que están dadas las condiciones para discutir una nueva ley de agroquímicos, estamos promoviendo el debate en los municipios. En algún momento se pensó que este problema se podía esconder debajo de la alfombra, por eso es fundamental que todos tengamos puesta la camiseta de encarar un debate serio”, sostuvo Rodríguez a Diputados Bonaerenses.
Al inicio de la gestión de Kicillof, se creó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el de Salud, el de Ambiente y la Autoridad del Agua (ADA), y conformó el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA) para generar consensos entre los diferentes actores y avanzar en la definición de algunas pautas comunes.
Esa mesa de trabajo desde 2020 mantuvo reuniones con los 135 municipios bonaerenses para relevar la situación local en materia de uso y aplicación de agroquímicos, con énfasis tanto en las herramientas disponibles en dichos ámbitos para la fiscalización de sus ordenanzas.
Fruto de esas reuniones desde los municipios se visualizó la necesidad de contar con una herramienta que posibilite una representación gráfica que “plasme las regulaciones territoriales impuestas en el ámbito local como restricciones a las aplicaciones de agroquímicos contemplando la normativa de aquellos municipios que regulan sobre la temática”.
Es por eso que a inicios de agosto de este mes se lanzó el proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales a las aplicaciones de agroquímicos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con la intención de empezar a ordenar el caos de normativas que rigen en los 135 municipios bonaerenses.
El proyecto de georreferenciación busca representar gráficamente las restricciones territoriales para las aplicaciones de agroquimicos en los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, una herramienta que presentará gráficamente las diferencias de criterios que existen en los distritos bonaerenses, como primer paso para generar consensos para una ley provincial.
