Si bien los diputados de Cambiemos lograron rechazar en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja el proyecto que busca que los aumentos de las tarifas públicas queden atados al índice de variación salarial, la oposición se encamina a tratarlo la semana pasada sin la necesidad de contar con mayoría especial.
El macrista Luciano Laspina, titular de la comisión, logró reunir 23 firmas, una más que los bloques disidentes, que la semana pasada habían ganada la batalla en Obras Públicas y Defensa del Consumidor. En la suma de las tres comisiones, el resultado fue de 51 a 47 a favor de la oposición.
El bloque kirchnerista volvió a firmar el dictamen en disidencia, pues su propuesta original consiste en retrotraer las tarifas al 31 de diciembre de 2017 y congelarlas durante todo 2018. A su vez, Martín Lousteau de Evolución firmó un tercer dictamen, basado en un texto alternativo.
La propuesta dictaminada es la “ley de razonabilidad en las tarifas de servicios públicos”, elaborada entre el massismo y el bloque de los gobernadores, que plantea que “en caso que el Poder Ejecutivo haya incrementado las tarifas por causas objetivas y justificadas dicho aumento no podrá exceder el del promedio de los salarios para los usuarios residenciales, ni el índice del IPC mayorista para las Pymes”.
