Pese a la suba interanual del 5,6%, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) precisó que el nivel de actividad económica de marzo tuvo un retroceso de 1,8% en la medición desestacionalizada con relación al mes anterior, lo que significó la primera caída en casi un año.
En ese sentido, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), considerado un indicador clave ya que adelanta la trayectoria del Producto Bruto Interno (PBI), frenó la senda de recuperación en los primeros meses de 2025.
Según precisó el informe del INDEC, las principales caídas se dieron en los rubros de Electricidad, gas y agua (-4,3%) y de Hoteles y restaurantes (-3,6%). No obstante, la actividad económica cerró el primer trimestre del año con un aumento del 6% con relación a 2024.
En detalle, diez sectores de actividad económica que conforman el EMAE registraron subas interanuales en marzo, entre los que aparecieron rubros claves como Intermediación financiera y Construcción. En tanto, La actividad de Comercio mayorista, minorista y reparaciones (9,3%) fue la de mayor incidencia positiva en comparación con marzo de 2024.
Otro dato positivo del informe del INDEC, fue que el rubro de Explotación de minas y canteras lleva 43 meses de mejora interanual ininterrumpida, que fue traccionado principalmente por las actividades hidrocarburíferas.
Actividad económica: el Gobierno amplió por DNU los servicios considerados esenciales
A través del decreto de necesidad y urgencia N° 340/2025, el gobierno de Javier Milei limitó el derecho a huelga y amplió las actividades consideradas esenciales, es decir, las áreas de servicios que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto.
Entre dichas actividades figuran la educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario; la aeronáutica comercial y el control de tráfico portuario; el transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera y la producción, transporte y distribución de gas y otros combustibles.
Esta medida provocó la inmediata respuesta de organizaciones gremiales, que repudiaron la medida al calificarla de inconstitucional. “Esta decisión equivale a cercenar el derecho constitucional a huelga. El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sean en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el Gobierno nacional”, manifestaron desde la CGT.
