Este jueves, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, anunció que los empleados estatales entraron en un estado de alerta máxima y permanente, por la autorización que realizó el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, para destruir archivos históricos de la Armada Argentina.
“40 años después de la vuelta de la democracia, los grupos negacionistas se proponen seguir destruyendo pruebas. Los genocidas festejan, lograron que arribe un Gobierno nacional que pretende garantizarles la impunidad legal y legitimar sus crímenes atroces”, señaló Aguiar en sus redes sociales.
En ese sentido, el titular de ATE anunció que el gremio de estatales envió un pedido de informes al Gobierno, puntualmente al Ministerio de Defensa, para que Petri ponga sobre la mesa lo que sucederá con la posible “depuración y trituración” de documentación de la Armada que van de la mano con su traslado.
“Se están vulnerando todas las leyes vigentes en nuestro país. No puede ser la propia Armada la que ahora lleve adelante este proceso de depuración y trituración de documentación que resulta valiosa para el fortalecimiento de una democracia que se construyó sobre el juicio y castigo de los responsables de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar”, enfatizó el secretario general de los estatales nacionales.
Para Aguiar, la decisión que tomó Petri es, sin lugar a dudas, un nuevo ataque a las políticas de memoria y derechos humanos que la Argentina sostiene desde hace más de 20 años, no sólo por el carácter negacionista que caracteriza a La Libertad Avanza, sino también por la clara estrategia que adoptó el Gobierno nacional para legitimar las prácticas de persecución, encarcelamiento y tortura a quienes peinsan distinto.
En la misma línea, desde ATE advirtieron que el Gobierno nacional liderado por Javier Milei apunta a diario contra aquellas figuras, dirigentes y ciudadanos que están en la vereda de enfrente con el único objetivo de “disciplinar el presente”, y advirtió que es una actitud que los gremios estatales y trabajadores del sector privado deben impedir con urgencia.
Por caso, en la nota dirigida al ministro Petri, al Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi, y al Secretario General de la Armada, Enrique Antonio Balbi, Aguiar le exige al Gobierno nacional que informe si se le dio intervención al Archivo General de la Nación ya que, como órgano rector de todos los Archivos del país, debe intervenir en cualquier proceso de selección documental.
Cabe recordar que, en el marco de la política de ajuste y desmantelamiento del Estado que comenzó Javier Milei el mismo 10 de diciembre de 2023 cuando asumió la presidencia, provocó el despido de la totalidad del Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas, que incluía profesionales archivistas, historiadores, sociólogos, comunicadores.
Entre otras cosas, el Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas aportaba documentación a requerimiento de la Justicia en las causas que aún se tramitan por los delitos de lesa humanidad cometidos por las tres áreas del ejército argentino en la última dictadura militar.
“Nuestra preocupación se basa tanto en los antecedentes de la gestión de Petri al frente de la cartera, como en las palabras elegidas para describir el tratamiento del Archivo Documental: “depurar, triturar y trasladar” denotan, además de un desconocimiento atroz sobre los procedimientos archivísticos y de selección documental, una intención de destruir documentación que puede aportar material probatorio en los juicios por los delitos de lesa humanidad, y que, por tanto, son imprescriptibles”, remarca ATE en el pedido de informes.
