Este sábado se cumple un mes del atentado a Cristina Kirchner, cuya causa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 de Comodoro Py, tiene como líneas de investigación el posible financiamiento, la planificación previa y el riesgo latente de que alguien vuelva a perpetrar una agresión contra la Vicepresidenta de la Nación.
Con cuatro personas detenidas y procesadas, entre ellos el agresor Fernando Sabag Montiel y su pareja Brenda Uliarte, la Justicia intenta avanzar sobre posibles autores intelectuales del atentado a Cristina Kirchner, para lo que fueron concretadas medidas de prueba, cuyo objetivo fue trazar perfiles económicos de los imputados y evaluar sus conexiones.
De esta manera, la búsqueda de un departamento en el barrio de Recoleta, donde se encuentra la vivienda de Cristina Kirchner y los mensajes de Sabag Montiel en los que se refería a su motivación económica para emprender un plan criminal, son algunos de los elementos que abrieron nuevas líneas de investigación en la causa del intento de magnicidio.
A su vez, otro componente que en los últimos días generó expectativas en los investigadores de la causa del atentado a Cristina Kirchner fue el avance en el peritaje del teléfono de Sabag Montiel, dado que fuentes de la investigación aseguraron que se pudo recuperar información que se creía perdida.
En ese sentido, un mensaje escrito por Sabag Montiel el pasado 15 de agosto y detectado por la querella de la Vicepresidenta, que representan los abogados José Maunel Ubeira y Marcos Aldazaba, robusteció la idea de que los atacantes pudieron haber recibido dinero por el atentado a Cristina Kirchner, como también para hacer inteligencia previa.
“Yo quisiera hacerme el vendedor de copos y meterle un corchazo“, escribió Sabag Montiel en un grupo en el que luego, al referirse a su pareja Brenda Uliarte, agregó: “Yo a ella la trato de bajar, pero a mi me importa la plata, si nos compran o le dan un laburo, ya está salvada, bienvenido sea”.
Esos mensajes fueron volcados en una presentación que hizo la querella de Cristina Kirchner esta semana ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, que desde el comienzo de la investigación del atentado trabajó en la elaboración de perfiles económicos de los imputados, que por ahora no arrojaron mayores novedades.
De esta manera, la hipótesis de que los agresores habrían accedido a financiamiento para ejecutar el atentado a Cristina Kirchner se vio engrosada cuando los investigadores encontraron en el teléfono de la procesada Uliarte información que daba cuenta que habían intentado alquilar un departamento en Recoleta.
Por otra parte, la investigación del atentado a Cristina Kirchner avanzó a lo largo del primer mes sobre información surgida de los teléfonos celulares secuestrados en la causa, los dos principales fueron el de Uliarte y el de Carrizo, que se presentó junto con la joven en una entrevista televisiva luego del intento de magnicidio.
También, en el teléfono de Uliarte los investigadores se encontraron con las conversaciones que mantuvo la joven con la también detenida Agustina Díaz, con quien desde hacía meses comentaba su intención de matar a Cristina Kirchner y en los días posteriores al ataque hablaron sobre borrar el contenido de su celular.
Asimismo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria trabaja sobre el contenido de una decena de teléfonos secuestrados, entre los que se encuentran los de Uliarte, Carrizo, Díaz y los obtenidos en las últimas horas, el de Joana Colman y el de Jonatan Posadas, a quien Carrizo le manifestó el plan de matar “al jefe de la Cámpora“.
Por otra parte, otra de las definiciones que dejó Ubeira tuvo que ver con la preocupación que existe en ciertos sectores de la política en relación a la seguridad de algunos dirigentes, como el caso de Máximo Kirchner, a quien “la banda de los copitos” tenía entre sus objetivos.
Esa misma inquietud había dejado, por escrito, el juez Marcelo Martínez de Giorgi cuando consideró que las denuncias contra los referentes del espacio Revolución Federal debían ser tramitadas por su colega Capuchetti junto con la del atentado a Cristina Kirchner, aunque finalmente la Cámara Federal porteña no le dio la razón.
Cabe destacar que, la custodia de Cristina Kirchner detectó que la fachada del edificio donde vive la expresidenta fue tanto fotografiada como filmada por distintas personas durante el mes de septiembre, que además tomaron notas sobre las medidas de seguridad en la zona.
