La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, junto a los diputados nacionales Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, presentará este lunes una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por el delito de sedición y traición a la Patria luego de que el mandatario se negara a acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia nacional a favor de Capital por la Coparticipación.
Para Bullrich, “desobedecer el fallo de la Corte es transgredir el orden constitucional”. Según aseguró la titular del PRO, el Código Penal es claro al respecto al sostener que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes“.
En tanto, los 19 mandatarios provinciales que apoyaron a Alberto Fernández por no acatar el fallo del Máximo Tribunal también serán denunciados por Bullrich. Ellos son, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Catamarca, Raúl Jalil, de Chaco, Jorge Capitanich, de Chubut, Mariano Arcioni, de Entre Ríos, Gustavo Bordet, de Formosa, Gildo Insfrán y de La Pampa, Sergio Ziliotto.
También, de La Rioja, Ricardo Quinquella, de San Juan, Sergio Uñac, de San Luis, Alberto Rodriguez Saá, de Santa Cruz, Alicia Kirchner, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de Tucumán, Osvaldo Jaldo, de Río Negro, Arabela Carreras, de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, de Neuquén, Omar Gutiérrez y de Salta, Gustavo Saénz. “Tienen que ir todos presos”, advirtió Bullrich.
El miércoles pasado, en el marco de las actuaciones iniciadas por el Gobierno porteño contra el Estado Nacional, la Corte Suprema ordenó que durante la tramitación del proceso se le entregue a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los fondos de Coparticipación. Asimismo, dispuso que las transferencias se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.
Al respecto, el Gobierno nacional aseguró que no acatará el fallo y que recusará a los jueces del Máximo Tribunal que resolvieron a favor de la ciudad de Buenos Aires por la Coparticipación. Esta situación, generó que abogados constitucionalistas advirtieran que la decisión de Alberto Fernández es motivo de juicio político.
“Además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo”, afirmaron Bullrich, Iglesias y Ajmechet en la denuncia.
De la misma manera, los denunciantes insistieron en el “grave peligro de ruptura del orden institucional” que significa que “las más altas autoridades nacionales y provinciales se pronuncien de manera descomedida y agresiva contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incitando y justificando su desobediencia”.
Los tres denunciantes, afirmaron en que la sedición quedó configurada “desde el momento el que se dieron a publicidad el comunicado y los comentarios por los que los distintos funcionarios suscriptores del mismo dejaron en claro que además de estar en desacuerdo con el fallo están dispuestos a no cumplir lo que la Corte ordenó“.
Asimismo, dijeron que “esos actos deben ser sancionados con las penas previstas para los traidores a la patria, es decir, la inhabilitación perpetua de sus autores para el ejercicio de cargos públicos, su imposibilidad de acceder a los beneficios del indulto o la conmutación de pena y la imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguirlos”.
Por último, la líder Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, también presentó en las últimas horas una denuncia penal por desobedecer a la Corte contra Alberto Fernandez, acusación en la que incluyó también al ministro del Interior Eduardo “Wado” DePedro, al jefe de Gabinete, JuanManzur, y el ministro de Economía nacional, Sergio Massa.
