Luego de presentar su protocolo antipiquetes y a días de la primera manifestación contra Javier Milei, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se volvió a dirigir a las organizaciones sociales para que no salgan a movilizar. “Aquel que corta la calle, no cobra el plan”, aseguró.
“La Argentina hace 30 años vive en un total desorden, no se respeta la ley, es un adorno, la ley y el orden genera libertad y la libertad genera progreso, los piquetes son algo que daña a la economía y a las familias”, subrayó la funcionaria.
Además, ante las múltiples reacciones negativas de sectores sociales y sindicales, la ex titular del PRO salió este sábado a defender su protocolo antipiquetes. “Lo que hicimos con este protocolo es ordenar lo que puede pasarle a la gente si cortan la calle”, subrayó.
“Podríamos no haberlo hecho pero pueden cortar la calle porque afecta la vida de millones de argentinos”, aseguró Bullrich y agregó: “Ahora es un basta, el Presidente (Javier Milei) lo dijo clarito en su asunción, el que corta no cobra el plan, lo que estamos buscando es orden”.
En ese marco, ante la protesta organizada por movimientos sociales de izquierda para el próximo miércoles 20 de diciembre, la ministra señaló que el país atraviesa un “momento difìcil” y pidió que “todos colaboren”. “Quédense en su casa”, pidió.
Por último, en declaraciones radiales este sábado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó que “las organizaciones sociales que manejan a la gente como ganado se va a terminar”.
Vale recordar que, este jueves, la ministra de Seguridad presentó su protocolo antipiquetes, que dispone, entre otras medidas, la intervención de las cuatro fuerzas federales del Estado ante una protesta que impida la circulación de los ciudadanos.
De esta manera, las fuerzas federales Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria podrán intervenir “frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales”. A ellos se sumará, el Servicio Penitenciario Federal, que recientemente pasó a depender de la cartera que conduce la dirigente del PRO.
Ante ese contexto, fueron varias las organizaciones sociales y sindicales que salieron a repudiar el protocolo antipiquetes de Bullrich, alegando que se trataba de un plan para “criminalizar la protesta social”.
“La vigencia del Estado de derecho es el contexto democrático para hallar soluciones reclamadas en un momento crítico del país, para lo cual es necesario más que nunca el diálogo”, expresaron desde la CGT y ratificaron: “La consolidación de ese sistema de gobierno con justicia social es con más diálogo, democracia y paz social”.
