La disputa entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo porteño tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso que la Nación destine el 2,95% del volumen de impuestos de Coparticipación a la ciudad de Buenos Aires (CABA), tendrá nuevos capítulos judiciales, a la espera de las presentaciones que ya prometieron hacer tanto el presidente nacional, Alberto Fernández, como el alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta.
En ese marco, el Gobierno nacional presentará esta semana en la Corte Suprema un pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar, aunque quizá no este lunes como se barajó en un principio, según indicaron fuentes de la Casa Rosada. Lo mismo, hará ante el Máximo Tribunal CABA, pero para solicitar que se cumpla el fallo.
En ese sentido, teniendo en cuenta que quedarán cuatro días hábiles antes de la feria judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá decidir si abre o no esa instancia para la causa de Coparticipación o la pasa directamente para tratarla a partir de febrero.
Por lo pronto, mediante la acordada 32/2022, la Corte designó el 5 de este mes a las autoridades de feria para el receso judicial de enero próximo, Juan Carlos Maqueda, del 1 al 15 de enero, Ricardo Lorenzetti, del 1 al 8 del mismo mes, Horacio Rosatti, del 16 al 31 de enero y Carlos Rosenkrantz, del 23 al 31 de ese mes.
No obstante, el alcalde de CABA, Rodríguez Larreta, anticipó en las últimas horas que tiene “expectativa de que el este lunes se gire el dinero de la Coparticipación, porque el Presidente no puede dar una orden contraria a lo que dice la Corte Suprema”.
Además de la revocatoria, el Gobierno nacional anunció el jueves último en un comunicado la recusación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que en esas resoluciones deberían ser resueltas por conjueces.
“El Presidente ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte y a presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución cautelar dictada”, indicó el Poder Ejecutivo de la Nación en ese escrito, luego de una reunión mantenida entre Alberto Fernández y 14 gobernadores en Casa Rosada.
En aquella notificación, el Gobierno nacional catalogó al fallo de la Corte como “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento” y afirmó que “sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, el Máximo Tribunal le otorgó a CABA más de $180 mil millones adicionales a los que ya percibe”.
El documento, llevó las firmas del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el formoseño Gildo Insfrán, el entrerriano Gustavo Bordet, el riojano Ricardo Quintela, el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el sanjuanino Sergio Uñac, el santiagueño Gerardo Zamora, el chubutense Mariano Arcioni y el pampeano Sergio Ziliotto.
A ellos, se sumaron en forma virtual y también firmaron el documento del Ejecutivo de la Nación el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, el fueguino Gustavo Melella, el sanluiseño Alberto Rodríguez Saá y la santacruceña Alicia Kirchner.
También, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones) se sumaron también al cuestionamiento del fallo de la Corte. Sin embargo, no firmaron Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe).
Coparticipación: el fallo de la Corte
Vale recordar que, los cuatro miembros de la Corte firmaron el miércoles último una medida cautelar pedida por el Gobierno de CABA, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%, pero no resolvió la cuestión de fondo.
El origen de la controversia data de 2016, cuando el entonces presidente nacional Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la Coparticipación a CABA. Luego, el fundador del PRO modificó ese número y lo fijó en 3,5%. En 2020, se redujo ese porcentaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad.
“Según la ley vigente y aprobada por el Congreso Nacional, CABA recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos de Coparticipación y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad que se le transfirió en el año 2016”, recordó el Gobierno nacional en las últimas horas.
