Diputados nacionales del Frente de Todos adelantaron que impulsarán un proyecto de ley para incorporar la figura del “lawfare” al Código Penal, con la intención de fijar penas de hasta 10 años de cárcel “a los letrados que actúen con malicia y afecten los derechos políticos de las personas”.
La iniciativa para incorporar el lawfare al Código Penal fue elaborada por la diputada nacional Gisela Marziotta y el titular de la comisión de Seguridad Interior y espada parlamentaria del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, ambos representantes del Frente de Todos.
Los diputados del oficialismo presentarán el proyecto de ley esta semana al bloque oficialista para empezar a reunir consensos. El primer avance en la elaboración de la iniciativa para incorporar el lawfare al Código Penal tuvo lugar el jueves pasado en una audiencia pública.
En el encuentro para discutir la iniciativa, que fue organizada por Marziotta, intervinieron especialistas, expertos en Derecho constitucional, el diputado Gutiérrez y la secretaria parlamentaria del bloque del Frente de Todos, Paula Penacca.
Consultado por la propuesta, Gutiérrez contó que el proyecto para incorporar el lawfare a la ley penal se impulsará esta semana y que hasta entonces continuarán con la tarea de actualizar el delito de prevaricato, tipificado en los artículos 269, 270, 273 y 274 del Código Penal.
A su vez, el diputado del Frente de Todos dijo que incluir el lawfare al Código de Enjuiciamiento Criminal permitiría incorporar las “acciones basadas en la malicia con la finalidad de cercenar el libre ejercicio de los derechos constitucionales políticos”.
El diputado nacional del Frente Renovador de Sergio Massa también señaló que las penas que prevén en el proyecto abarcarían al “juez, fiscal, asesor o funcionario encargado de emitir dictamen ante la autoridad judicial que actúe maliciosamente”.
Por su parte, Marziotta justificó la presentación del proyecto al plantear que el lawfare constituye un “vacío legal” para el funcionamiento de los poderes del Estado, que representa un riesgo muy grande. “Es un peligro para todo el sistema democrático porque no hay democracia”, puntualizó.
Por esa razón, la legisladora del Frente de Todos detalló que “hay un plan detrás del lawfare” y que por ello “la idea es convertirlo en un delito penal, tipificándolo para que sea penalizado”. “No se puede aceptar que se utilice el poder judicial en forma maliciosa“, subrayó Marziotta.
Por otra parte, desde el oficialismo reconocieron que es poco probable que un proyecto así avance en el recinto, dada la extrema paridad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio (JxC), aunque señalaron que el primer objetivo es instalar el lawfare en el debate en la agenda pública.
En los últimos tres años, el Frente de Todos no pudo hacer avanzar ninguna reforma de la Justicia, ya que los cambios por el oficialismo no solo son rechazados por JxC, sino que tampoco los acompañan el interbloque Federal y la mayoría de las bancadas provinciales.
Justamente, estos rechazos sucedieron cuando el oficialismo quiso avanzar en la reforma de la Justicia, del Ministerio Público Fiscal y en los cambios en el Consejo de la Magistratura.
