Este jueves, los docentes y no docentes universitarios de todas las casas de estudio nacionales del país comenzaron el paro de 48 horas que se extenderá hasta el viernes 26 de septiembre, y que tiene como principal objetivo frenar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que adelantó el presidente de la Nación, Javier Milei.
Es preciso mencionar que, el paro de 48 horas en las universidades nacionales fue convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) luego de que el Congreso aprobara la Ley de Financiamiento Universitario, y de que el Presidente advirtiera que sería vetada con el fin de sostener el superávit fiscal.
En tanto, el paro de este jueves y viernes se complementará con una nueva marcha federal universitaria que se desarrollará el próximo miércoles 2 de octubre, que también pedirá la reapertura de paritarias par todos los trabajadores de la universidad en medio de un contexto de reclamos por mejoras salariales.
“En el marco del Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, la CONADU resolvió por unanimidad convocar a una jornada nacional de protesta y visibilización del conflicto gremial por el salario y en defensa de la universidad pública entre el 23 y el 25 de septiembre, y a un paro de 48 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo el 26 y 27 de septiembre”, escribieron las autoridades del gremio.
Cabe recordar que la Ley de Financiamiento Universitario propone al Poder Ejecutivo una actualización de las partidas presupuestarias para cubrir los gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las casas de estudio, al tiempo que fija cada dos meses el ajuste de los presupuestos de las universidades de acuerdo con la inflación.
A su vez, el proyecto aprobado por el Congreso establece que tendrá que actualizar desde el primero de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Por caso, el pasado 12 de septiembre, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, conformado por un puñado de gremios docentes y no docentes de las distintas casas de estudio del país, realizó un paro de 24 horas con el objetivo de presionar a los senadores que esa misma tarde votaron el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario.
“El Frente Sindical de Universidades Nacionales exhorta al Senado de la Nación a que apruebe ya la Ley de Financiamiento Universitario que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, porque la situación de emergencia en la que se encuentra la universidad pública no admite posposiciones”, expresaron en un comunicado.
En otro escrito, los docentes y no docentes que conforman el Frente Sindical de Universidades Nacionales advirtieron que la pérdida salarial de más del 50%, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el retraso de la recomposición salarial respecto de la inflación y la restitución del Impuesto a las Ganancias conforman un “estado de situación grave” para toda la comunidad universitaria.
Paro de docentes y no docentes contra el veto de Milei
Es preciso mencionar que, el presidente Javier Milei se reunió con los jefes de bloque de senadores un par de horas antes de que los legisladores nacionales comiencen a debatir el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que tuvo lugar en la Cámara alta, presidida por Victoria Villarruel.
Sin embargo, el mandatario nacional había anunciado que, si la Ley de Financiamiento Universitario efectivamente era aprobada por la Cámara de Senadores, utilizará el recurso del veto, al igual que con la fórmula de movilidad jubilatoria, para frenar la aplicación de los artículos.
Es preciso mencionar que, el proyecto busca garantizar la protección y sostenimiento presupuestario de las universidades nacionales de toda la Argentina, que durante el primer cuatrimestre tambalearon por la escasez de dinero enviado por parte del Gobierno nacional.
Entre los puntos centrales del proyecto se destacan la actualización de las partidas de gastos para el funcionamiento de las universidades nacionales, y la mejora salarial para docentes y no docentes, ajustadas según la variación de la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Sin embargo, desde el Ejecutivo la postura fue contundente: “Todo lo que atente contra el equilibrio fiscal, o cualquier proyecto de ley que no especifique cómo van a financiar cada una de las propuestas, se va a vetar”, indicaron fuentes que integran la mesa chica del Presidente.
