Luego de conocerse las declaraciones de la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en torno a la mesa judicial de Cambiemos, el abogado del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, César Albarracín, pidió que se la investigue “por el armado de causas penales contra su defendido.
En este sentido, Albarracín presentó un escrito al juez federal, Ernesto Kreplak, en el que argumentó que hubo “graves inconsistencias de los dichos de Vidal anoche en televisión” cuando la exgobernadora intentó desligar la reunión del pasado 15 de junio de 2017 de una presunta Gestapo antisindical para perseguir gremialistas opositores.
Además, el abogado de Medina indicó que “a ello se suman circunstancias objetivas conocidas: el video en el que participaron dos de sus ministros y el subsecretario de Justicia, el intendente de La Plata y el senador Juan Pablo Allan, que integraba por Cambiemos el Consejo de la Magistratura”.
“Vidal no podía desconocer la existencia ni el contenido de esa reunión, y además dijo ayer que en reiteradas veces ella se ocupó ‘personalmente del tema Pata Medina’ junto al expresidente Mauricio Macri”, manifestó Albarracín.
Después de las declaraciones de la exgobernadora, donde apuntó contra el kirchnerismo por la difusión del video de la Gestapo antisindical, el letrado afirmó que Vidal “no puede considerarse ajena a la maniobra ni desconocerla como quiso decir ayer”.
En la presentación judicial, el abogado de Medina aportó la desgrabación de la entrevista televisiva concedida en el día de ayer por Vidal al canal LN+ “por cuanto estimo que sus dichos resultan indicativos de su posible participación en los hechos investigados”.
Uno de los argumentos que expuso Albarracín en el documento que envió al juez Kreplak tiene que ver con que Vidal “mintió” cuando dijo que el subsecretario Grassi estuvo en la reunión porque era la persona del Ministerio de Justicia que tenía a su cargo la asistencia a las víctimas.
“El área de asistencia a la víctima dependió durante su gobierno de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, que en ese momento se encontraba a cargo de Ignacio Hagelstrom. No hace falta mencionar que Adrián Grassi no es psicólogo ni asistente social, y que lejos de cualquier rol de contención, no hizo más que influir sobre los futuros testigos explicándoles que debían modificar sus relatos para que los hechos puedan encuadrar en algún delito”, aseveró el letrado.
En cuanto a las causas contra el sindicalista de la construcción a las que Vidal hizo mención en la entrevista, Albarracín planteó que “no fueron iniciadas por denuncias de empresarios asistidos por el ministerio, sino que se trató de presentaciones anónimas”.
“Una ingresada a un 0800 de la policía de la Provincia de Buenos Aires y la otra dejada supuestamente a escondidas en la mesa de entradas del Juzgado Federal de Quilmes”, detalló el abogado.
Pese a que Vidal afirmó que para sus ministros “era una reunión de trabajo”, Albarracín afirmó que esa versión es “inconsistente” dada la presencia de tres altos agentes de la AFI en el encuentro.
En tanto, el defensor de Medina rechazó la declaración de la exgobernadora según la cual “todos aquellos que hoy se invocan como perseguidos fueron investigados por la justicia, no por mi gobierno, con pruebas claras y concluyentes”.
“Juan Pablo Medina, con 68 años, no tiene un solo antecedente penal. El proceso del año 2001 finalizó en sobreseimiento. Tampoco tuvo imputación ni procesamiento por los hechos de San Vicente”, dijo el magistrado.
