Tras dos ausencias previas, el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, se presentó este martes ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de la nueva audiencia del encausamiento contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el fallo de la coparticipación federal.
Sentado al lado de la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, D´Alessandro fue bombardeado por las preguntas de los diputados oficialistas, que lo interrogaron acerca de los chats filtrados entre él y Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Cabe destacar que, en esta instancia del juicio a la Corte, los diputados oficialistas buscan establecer una línea de tiempo entre la demanda que le inició el Gobierno porteño al Ejecutivo nacional y la decisión de la Corte Suprema sobre la coparticipación federal, que terminó fallando en favor del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
En este contexto, la principal hipótesis que sostienen los diputados de Unión por la Patria en esta nueva etapa del juicio a la Corte, es que, para que se sancione el fallo sobre la coparticipación federal, hubo vínculos entre el máximo Tribunal y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales habrían sido concretados por Robles y D´Alessandro, respectivamente. Para demostrarlo, los legisladores utilizan como principal prueba los chats filtrados entre ambos funcionarios.
En su testificación, D´Alessandro dijo que la Justicia, en relación a los chats filtrados con Robles, “determinó que al tomar posesión del teléfono se podían crear, alterar y editar diferentes conversaciones”. “Lo que se vio no es una filtración, sino una operación de inteligencia. Hay gente detenida que ha confesado el hecho”, sentenció.
“Hay causas que están abiertas, que se están investigando. Hay gente que ya ha sido detenida y ha confesado que han hecho operaciones de inteligencia por objetivos que les fueron encomendados, por los cuales recibieron dinero”, denunció D´Alessandro, al tiempo que remarcó que la Justicia consideró “un delito” la filtración de los chats.
En ese sentido, D´Alessandro, al igual que lo hizo Robles hace algunas semanas en su visita a la comisión de Juicio Político, decidió ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional para evitar responder a las preguntas de los diputados oficialistas que, entre las varias incógnitas que le plantearon, lo interrogaron acerca de si conocía o no a la mano derecha de Rosatti.
Es preciso mencionar que, el artículo 18 de la Constitución Nacional estipula que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrito de autoridad competente”.
No obstante, a pesar de rehusarse a contestar las preguntas sobre Robles, D´Alessandro sí dio algunas definiciones acerca de su implicancia en el fallo por la coparticipación federal, al negar cualquier “rol político” con la sanción de la Corte Suprema.
“Bajo ningún punto de vista, el rol estaba más abocado a la seguridad. Me preguntaban en función de generar criterios técnicos para tratar de cuantificar el traspaso de la Policía Federal”, remarcó el exministro de Seguridad porteño.
Con la declaración de D´Alessandro, los diputados de Unión por la Patria que forman parte de la comisión de Juicio Político vuelven a sufrir un nuevo revés en el marco del juicio a la Corte Suprema, ya que tanto la visita del exfuncionario de la Ciudad de Buenos Aires y la de Robles, eran las dos piezas claves en la investigación por el fallo por la coparticipación.
Con la postura de ambos sobre ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional para no responder al interrogatorio, el oficialismo de este ente legislativo tendrá ahora otra nueva tarea: reorganizar la agenda de testigos del juicio a la Corte Suprema y resolver de qué manera evitar que los citados sigan entorpeciendo la investigación que, a día de hoy, está muy lejos de tener un cierre definitivo.
Juicio a la Corte: de qué trató el fallo por la coparticipación federal
En 2016, el por entonces presidente Mauricio Macri, transfirió la autoridad de la Policía Federal de Nación a Capital Federal, por lo cual decretó una suba en los recursos para la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de recibir un 1,4% a 3,7%.
Pero, el 10 de diciembre de 2020, el Ejecutivo nacional liderado por Alberto Fernández, consiguió sancionar la ley 27.606, que recortó ese presupuesto de coparticipación federal al 2,32%. Este ajuste, no fue del agrado de Larreta, que comenzó a exigir que los impuestos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires debía ser del 2,95%.
Ante la falta de acuerdo y luego de que el caso se eleve al Máximo Tribunal, el pasado 21 de diciembre la Corte Suprema de Justicia avaló la medida cautelar de Larreta, suspendió la ley 27.606, y dispuso que el Ejecutivo nacional debe pagarle al Gobierno porteño el 2,95% de la coparticipación federal “en forma diaria y automática”.
Ahora, la comisión de Juicio Político investiga si el accionar de la Corte Suprema de Justicia, que terminó dándole la razón al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo intereses políticos de por medio. Los legisladores oficialistas sostienen que, por las reuniones entre Robles y D´Alessandro, hubo un vínculo entre el Ejecutivo porteño y el máximo Tribunal.
