Tras la fallida audiencia de hace algunas semanas, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación retomará este martes el encausamiento contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el fallo de la coparticipación federal, con la citación de un puñado de testigos, con el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, como plato fuerte de la agenda.
En rigor, la semana pasada la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, citó por tercera vez a D´Alessandro para que testifique acerca del fallo por la coparticipación dictado en 2017 por la Corte Suprema de Justicia. En las reuniones anteriores, el exministro de Seguridad porteño se ausentó alegando razones personales y pidió ser reprogramado.
Sin embargo, a diferencia de las audiencias previas en la que se trató el fallo por la coparticipación federal, en esta ocasión los diputados de Unión por la Patria citaron a D´Alessandro bajo apercibimiento, es decir, lo llamaron bajo la intervención de un juez competente para que no tenga chances de faltar nuevamente.
En efecto, D´Alessandro había sido citado por primera vez para finales de julio, la misma fecha en la que fue notificado el director de la presidencia del máximo Tribunal, Silvio Robles. Y si bien el funcionario de la Corte Suprema ya dio sus declaraciones ante la comisión de Juicio Político, aún falta que se presente el exfuncionario de la Ciudad de Buenos Aires.
Cabe destacar que, en esta instancia del juicio a la Corte, los diputados oficialistas buscan establecer una línea de tiempo entre la demanda que le inició el Gobierno porteño al Ejecutivo nacional y la decisión de la Corte Suprema sobre la coparticipación federal, que terminó fallando en favor del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
En este contexto, la principal hipótesis que sostienen los diputados de Unión por la Patria en esta nueva etapa del juicio a la Corte, es que, para que se sancione el fallo sobre la coparticipación federal, hubo vínculos entre el máximo Tribunal y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales habrían sido concretados por Robles y D´Alessandro, respectivamente.
Por eso, la presencia de D´Alessandro ante la comisión de Juicio Político es muy importante, ya que sus palabras serán pieza clave de la investigación sobre el fallo por la coparticipación federal, sobre todo teniendo en cuenta que la testificación que realizó Robles el martes pasado no salió como esperaban los diputados de Unión por la Patria.
Es que, pese a la gran expectativa que tenían los legisladores peronistas por la presencia de Robles, quien es la mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, el testigo decidió ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional para evadir contestar el interrogatorio de la comisión de Juicio Político.
En concreto, Robles le comunicó a la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, que se ampararía en el artículo 18 de la Constitución Nacional para abstenerse de “contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra hayan sido o no judicializadas”.
En este marco, ahora los diputados de Unión por la Patria ponen todas las fichas en D´Alessandro y su testimonio acerca del supuesto accionar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el fallo por la coparticipación federal.
Además de D´Alessandro, fueron citados por la comisión de Juicio Político el procurador general porteño, Gabriel María Astarloa, y el miembro de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema, Miguel Federico De Lorenzo. Ambos, habían sido citado para la audiencia anterior, pero se ausentaron alegando razones personales.
Juicio a la Corte: de qué trató el fallo por la coparticipación federal
En 2016, el por entonces presidente Mauricio Macri, transfirió la autoridad de la Policía Federal de Nación a Capital Federal, por lo cual decretó una suba en los recursos para la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de recibir un 1,4% a 3,7%.
Pero, el 10 de diciembre de 2020, el Ejecutivo nacional liderado por Alberto Fernández, consiguió sancionar la ley 27.606, que recortó ese presupuesto de coparticipación federal al 2,32%. Este ajuste, no fue del agrado de Larreta, que comenzó a exigir que los impuestos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires debía ser del 2,95%.
Ante la falta de acuerdo y luego de que el caso se eleve al Máximo Tribunal, el pasado 21 de diciembre la Corte Suprema de Justicia avaló la medida cautelar de Larreta, suspendió la ley 27.606, y dispuso que el Ejecutivo nacional debe pagarle al Gobierno porteño el 2,95% de la coparticipación federal “en forma diaria y automática”.
Ahora, la comisión de Juicio Político investiga si el accionar de la Corte Suprema de Justicia, que terminó dándole la razón al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo intereses políticos de por medio. Los legisladores oficialistas sostienen que, por las reuniones entre Robles y D´Alessandro, hubo un vínculo entre el Ejecutivo porteño y el máximo Tribunal.
