lunes, mayo 13, 2024

Juicio a la Corte: el FdT busca iniciar la investigación y la maratón de citaciones

La comisión de la Cámara de Diputados nacional que estudia los proyectos de juicio a la Corte se volverá a reunir por tercera vez para dar un paso clave.

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La presidencia de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados nacional, la oficialista Carolina Gaillard, oficializó la convocatoria a la reunión del próximo jueves desde las 11 horas, en la que el Frente de Todos buscará aprobar la admisibilidad de los expedientes que tramitan contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Con su mayoría en esa comisión con 16 diputados sobre 31 que integra el cuerpo legislativo, el oficialismo tiene asegurada la admisibilidad del juicio a la Corte y la apertura del sumario de investigación e inciar la etapa de producción de puebas que sostengan la acusación contra los integrantes de la Corte Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

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De este modo el jueves de esta semana, la comisión de Juicio Político que conduce Gaillard definirá qué aval se le da a cada una de las 60 causas incluidas en los 14 proyectos de ley contra el Máximo Tribunal que se presentaron contra todos o cada uno de los jueces, según el caso.

A partir de la mayoría en la comisión, a Juntos por el Cambio, que tiene 14 integrantes, sólo le queda la posibilidad de firmar un dictamen de minoría, o dos en caso de que el interbloque de la Coalición Cívica decida diferenciarse como consecuencia de los dos expedientes que inició previamente contra uno de los archienemigos de Elisa Carrió, el supremo Ricardo Lorenzetti.

El trigésimo primer integrante de la comisión, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, del interbloque Federal, anticipó en las reuniones previsa algunos fundamentos que lo llevan a posicionarse en contra del juicio a la Corte, aún a sabiendas de que, por la mayoría que ostenta el Frente de Todos, su postura no es determinante.

Reunión clave para el juicio a la Corte

La reunión de este jueves será absolutamente clave para la estrategia que lleva adelante el Frente de Todos en su embestida contra la Corte Suprema de Justicia. Ocurre que, con la admibisilidad aprobada, el oficialismo podrá dar comienzo a los pedidos de informes, a la solicitud de documentos, a la citación de una variada gama de testigos y, finalmente, la citación de los cuatro integrantes del Máximo Tribunal.

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Además, entre las atribuciones de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputdos nacional figuran las de realizar inspecciones, solicitar a los jueces expedientes judiciales e, incluso, reclamar órdenes de allanamiento o de secuestro de cosas. Todo este paqute forma parte de la etapa de producción de pruebas, previa a la formulación de la acusación formal.

La presidenta del cuerpo de trabajo, Gaillard, explico que “una vez que se produce toda la prueba, recién ahí se cita a los magistrados para que puedan hacer un descargo, que puede ser presencial o por escrito”. En consecuencia, los supremos pueden decidir no asistir a la comisión de Juicio Político, aunque ello no impide la continuidad del proceso de remoción en su contra.

Juicio a la Corte y operación desgaste

En bloque del Frente de Todos le será casi imposible reunir la mayoría de dos tercios que necesita el juicio a la Corte para que prospere en el recinto de la Cámara de Diputados nacional. Sin embargo, la admisibilidad del proceso requiere sólo de una mayoría simple en la comisión de Gaillard, que la bancada oficialista puede lograr.

De este modo, ante la imposibilidad de completar el proceso de juicio a la Corte el objetivo del Frente de Todos se concentra en llevar adelante una operación desgaste contra los cuatro magistrados a los que acusa, entre otras cosas, de mal desempeño. Por ese motivo, la aprobación de la admisibilidad se vuelve definitivamente clave.

Es necesario destacar que el pedido de juicio a la Corte fue impulsado por el presidente Alberto Fernández y one gobernadores afines al oficialismo, por los fallos emitidos por los supremos sobre el reparto de la coparticipción en el que beneficiaron a la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta y en el que declararon inconstitucional la ley que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura.

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