En el marco del encausamiento contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, los diputados nacionales de Unión por la Patria de la comisión de Juicio Político avanzarán con los cargos contra los magistrados del máximo tribunal, a los que planea citar para que puedan realizar sus descargos.
En concreto, este miércoles a las 15 horas la comisión de Juicio Político someterá a votación “las resoluciones que disponen las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada”, bajo tres hipótesis que ya fueron tratadas en el proceso contra la Corte Suprema: los fallos 2×1, coparticipación federal y Consejo de la Magistratura.
Con este avance, la comisión de Juicio Político dejará atrás la etapa de investigación contra la Corte Suprema, algo que anunció la presidenta del cuerpo parlamentario, Carolina Gaillard, cuando remarcó que las intenciones del organismo son “ir concluyendo cada una de las investigaciones y, si ya están todas las constancias probatorias, darles la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, de que puedan presentar el oportuno descargo”.
En efecto, de acuerdo al artículo 13 de la comisión de Juicio Político, “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.
Desde su inicio en enero de este año, la comisión de Juicio Político recibió más de veinte testigos que abordaron distintos fallos en las que se presume que la Corte Suprema tuvo manejos irregulares, como los ya nombrados 2×1, la coparticipación federal, el Consejo de la Magistratura, como así también la gestión en la Obra Social en el Poder Judicial de la Nación y la más reciente, “Abuso de Poder”, que será retomada en la audiencia de la semana que viene.
Esta última causa, fue abordada en la anterior reunión de Diputados, en la que se analizó el pedido de juicio político que realizó Unión por la Patria contra Rosenkrantz. El oficialismo, denunció que el juez de la Corte Suprema incumplió la ley al no apartarse de los fallos en los que estaban implicados sus exclientes.
En rigor, el kirchnerismo realizó un pedido de juicio político contra Rosenkrantz porque supuestamente, en su carácter de miembro y de presidente de la Corte Suprema, el juez firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes suyos. Según marca la ley, un magistrado no puede intervenir en casos en los que están implicados usuarios a los que anteriormente ofreció sus servicios, mucho menos si es integrante del máximo tribunal.
Ahora, la comisión de Juicio Político recibirá como testigos para seguir con el análisis de la causa “abuso de poder” al exadministrador de la Corte Suprema y mano derecha de Lorenzetti, Hector Marchi, que ya acudió varias veces por la causa del Obra Social del Poder Judicial de la Nación, y al secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato.
Juicio a la Corte: de qué trató el fallo 2×1
El fallo 2×1, fue dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, pero ya había sido sancionada por el Congreso en 1994. La norma determinó que, después de haberse cumplido dos años de una prisión preventiva, “se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”.
En otras palabras, el fallo 2×1 establecía que, luego de que se transcurran esos dos años de prisión preventiva, el período posterior se contabilizaba como parte de la pena impuesta, con el objetivo de dar un plazo razonable a los procesos penales y reducir el impacto de la prisión condena.
No obstante, la ley fue derogada en 2001, hasta que la Corte Suprema la volvió a dictar en 2017. Pero, luego de protestas sociales y boicots de tribunales de todo el país que se negaron a adherir al fallo que favorecía a genocidas de la última dictadura cívico-militar, el 4 de diciembre de 2018, el máximo tribunal decidió dar marcha atrás y revertir la sentencia.
Juicio a la Corte: el fallo por la coparticipación federal
El 10 de diciembre de 2020, el Ejecutivo nacional liderado por el presidente Alberto Fernández, consiguió sancionar la ley 27.606, que postulaba que la Ciudad de Buenos Aires debía recibir el 2,32% de coparticipación federal por el costo de la Policía Federal, que fue trasladada de Nación a Capital Federal en 2016.
El recorte, no fue del agrado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que exigió que los impuestos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires debía ser del 2,95%.
Ante la falta de acuerdo y luego de que el caso se eleve al máximo tribunal, el pasado 21 de diciembre la Corte Suprema avaló la medida cautelar de Larreta, suspendió la ley 27.606, y dispuso que el Ejecutivo nacional debe pagarle al Gobierno porteño el 2,95% de la coparticipación federal “en forma diaria y automática”.
En este contexto, la principal hipótesis que sostuvieron los diputados de Unión por la Patria en esa etapa del juicio a la Corte es que, para que se sancione el fallo sobre la coparticipación federal, hubo vínculos entre el máximo tribunal y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En rigor, los legisladores oficialistas insistieron en que existieron negociaciones entre el el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, el jefe de Asesores de Rosatti, que trascendieron mediaticamente mediante una serie de chats filtrados. Esto, con el objetivo para acordar las normas del fallo por la coparticipación federal.
Juicio a la Corte: el fallo por el Consejo de la Magistratura
En diciembre de 2021, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura aprobada en el 2006, que estipulaba la reducción del cuerpo del ente de 20 a 13 miembros, ya que el número impar no permitía el equilibrio entre la representación política (funcionarios y legisladores) y la de los estamentos (jueces y abogados).
Por ende, el organismo encargado de seleccionar y destituir jueces sufrió un aumento de integrantes, y quedó en manos de Rosatti, quien se había convertido en presidente de la Corte Suprema en octubre de ese mismo año, es decir, dos meses antes del fallo.
Esto, fue condenado por la propia Gaillard, quien expuso que el fallo del Consejo de la Magistratura fue enviado “diez días después” de que el Ejecutivo nacional enviara un proyecto de reforma del organismo. “Demoraron el fallo para que salga cuando Rosatti detentara la presidencia de la Corte”, denunció.
