El diputado radical Emiliano Balbín reclamó este lunes que la gestión de Axel Kicillof interceda ante el Gobierno Nacional para que se eliminen las intervenciones al mercado de trigo y que se deje sin efecto el aumento transitorio de los derechos de exportación a la soja y sus derivados.
Por medio de un proyecto ingresado en la Cámara baja, Balbín solicita que se derogue los decretos N° 131/2022 por el que se establece el aumento temporario de dos (2) puntos porcentuales de los Derechos de Exportación de soja y derivados; y N° 132/2022 por el que se crea el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”.
“Desde el inicio desde la invasión de Rusia a Ucrania el mercado de los commodities internacionales se alteró en forma significativa y el retiro de India, con una mayor demanda en el abastecimiento global de productos agrícolas y con ello un mayor precio, argumento por el cual el Poder Ejecutivo Nacional decidió intervenir el mercado de trigo local, a expensas de un aumento transitorio de los derechos de exportación de la soja y sus derivados, afectando por partida doble al sector agroindustrial bonaerense”, explicó Balbín.
Es que, según postuló el diputado radical en el texto ingresado en mesa de entradas de la Cámara baja, el fondo fiduciario creado por el Gobierno nacional que tuvo por objetivo establecer un subsidio a la harina de trigo que abastece al mercado local no alcanzó para que los precios dejen de subir en forma sostenida. Por el contrario, tuvo su impacto sobre los alimentos de primera necesidad como el pan y los fideos.
Vale destacar que, la provincia de Buenos Aires es la principal productora de trigo del país, con 2,7 millones de hectáreas de trigo sembradas en la campaña 20/21, lo que representa un 43,8% sobre el total nacional e involucró a 15.850 productores bonaerenses.
“Según surge de las estimaciones para la campaña triguera 21/22, se espera una reducción del 5% de la superficie sembrada respecto a la campaña previa. Esta situación provocará una reducción en la cantidad de trigo para comercializar, al mismo tiempo que reducirá el volumen de exportación, perdiendo así una posibilidad única de ganar mercados y con un mayor precio internacional producto del conflicto bélico”, sostuvo Balbín.
En este sentido, el diputado Balbín enfatizó: “El pedido ahora es porque es el momento en que los productores toman la decisión de invertir en los cultivos de invierno, entre ellos la siembra de trigo, por lo tanto entendemos que es el momento oportuno para dejar de intervenir en el mercado de trigo, lo que generaría una señal positiva hacia el sector productor triguero, que permitiría expandir la superficie sembrada y con ello generar una mayor producción”.
Por otro lado, Balbín indicó respecto a la soja que “la derogación del Decreto N° 131/2022 permitirá eliminar y restituir a los productores el 2% de los derechos de exportación y sus derivados, hecho que generará un monto estimado entre de 370 y 400 millones de dólares, que es lo estimado para componer los recursos del Fondo Fiduciario Público y previsto utilizar para la intervención del mercado de la harina de trigo, como se mencionó”.
“Todo parece indicar que es un fondo especial para sustentar un club de amigos, ya que el viernes pasado el gobierno nacional desembolsó 1.100 millones de pesos a la empresa Molinos Cañuelas, una de las 3 empresas que han adherido a este sistema de compensaciones, que no representa el espíritu de las 160 empresas molineras existentes en el país”, sentenció el radical.
Para el legislador de radicalismo, la suma de las medidas “afectan las expectativas de los productores, generado por un lado por el aumento de la presión fiscal sobre la producción de soja, y por otro lado por la intervención del mercado de trigo, hace que se vayan a producir menos toneladas de trigo, lo que genera un círculo vicioso que termina en una menor disponibilidad de cereal y con ello un aumento final de su valor, hecho que va a contramano de los efectos buscados por la sanción de ambos Decretos”.
Es preciso mencionar que la industria molinera en su conjunto viene de manifestar públicamente su rechazo al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, lo que genera más incertidumbre en el mercado local de harina. En la provincia, se encuentran radicadas unas 81 plantas de molienda sobre un total de 197 molinos de todo el país.
Por último, Balbín manifestó que “este pedido tiene como objetivo mejorar la producción y el ingreso de los productores bonaerenses, y con ello una mayor inversión genuina, que beneficiará sobre todo a las poblaciones del interior provincial”.
