Con el escándalo cripto como telón de fondo, en el que se encuentra involucrado el presidente Javier Milei, el Ejecutivo nacional se prepara para encarar una nueva tanda de reformas legislativas que enviará el oficialismo al Congreso nacional las próximas semanas, en donde se destacan la baja de edad de imputabilidad, el proyecto de Ficha Limpia, la Ley Antibarras y modificaciones al régimen migratorio, entre otras.
De esta manera, la administración mileísta busca poner en marcha una nueva agenda de reformas legislativas, con la que buscará usar el Congreso como una caja de resonancia para instalar los temas que le interesan al oficialismo nacional como es la baja de edad de imputabilidad ante la ola de delitos que azota a la provincia de Buenos Aires.
Vale recordar que, ante la conmoción del crímen de la menor de 7 años, que fue arrastrada 15 cuadras por motochorros, en el barrio de Altos de San Lorenzo de la ciudad de La Plata, Milei pidió la renuncia del gobernador Axel Kicillof. “Si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia”, lanzó en sus redes sociales.
En ese contexto, diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) presentaron en la Cámara baja el proyecto para bajar la edad de imputabilidad. La iniciativa apunta a modificar la Ley 22.278 sancionada en 1980 que establece que “no es punible el menor que no haya cumplido los 16 años de edad”. En efecto, la administración nacional pretende llevar la edad punible a los 13 años.
“En los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad, con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”, alegó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la misma sintonía que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona quien argumentó el pedido al considerar que los preadolescentes “son adultos y tienen consciencia de la criminalidad”.
Reformas legislativas
Reformas legislativas de Milei: Ficha Limpia
Otro de los ítems que le interesa al oficialismo, es el proyecto de Ficha Limpia firmado por el presidente Javier Milei, el cual establece la imposibilidad de candidaturas de personas condenadas en segunda instancia.
La iniciativa sostiene parte del proyecto presentado por el PRO e imposibilita candidaturas a personas condenadas por los delitos de fraude, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y encubrimiento, aunque no tengan condena firme de la Corte Suprema.
De esta forma, según el proyecto de Ficha Limpia del oficialismo, una condena en segunda instancia bastará para denegar la posibilidad de candidatearse, algo que complicaría en pleno año electoral una eventual postulación de la presidenta del principal partido opositor, Cristina Kirchner, y de incluso algunos funcionarios del propio Gobierno.
Vale recordar que, a mediados de noviembre, en dos oportunidades fracasó la sesión donde se iba a tratar el proyecto de la escudería amarilla de Ficha Limpia en el Congreso. Según trascendió, el kirchnerismo y los libertarios habrían realizado un pacto para que la Cámara de Diputados no llegue al quórum para tratar el proyecto.
En ese contexto, con la intención de aliviar las tensiones con el PRO, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió las intenciones del oficialismo de tratar el proyecto, aunque aclaró que el nuevo texto “no tendrá carácter ideológico”. En efecto, el presidente Javier Milei le había encargado que se hiciera cargo de coordinar el rediseño de la norma que nació en 2018 y que el macrismo tomó como una bandera propia.
No obstante, desde el PRO salieron con los tapones de punta a marcarle la cancha al oficialismo, al alegar que “se había dejado pasar una oportunidad histórica para impedir que los corruptos condenados por la Justicia lleguen al Congreso y se garanticen impunidad con los fueros, mientras los diputados del PRO cumplieron con el mandato que nos dieron nuestros votantes, el Gobierno decidió estar del otro lado”.
Ante la acusación, la reacción de La Libertad Avanza (LLA) no se hizo esperar: “Durante el gobierno de Mauricio Macri no se trató ningún proyecto de Ficha Limpia, y se propuso como candidato a Vicepresidente al mayor defensor de los fueros en el Senado de la hoy condenada Cristina Kirchner”.
“No por ello elegimos sugerir que el gobierno de Macri fue corrupto o cómplice de la impunidad por intereses electorales. Es repugnante el oportunismo como herramienta de acción política”, respondió La Libertad Avanza, en referencia al ex candidato a vice y actual diputado Miguel Ángel Pichetto.
Reformas legislativas: el plan migratorio de Milei
Durante la apertura de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de 2025, el presidente adelantó su intención de avanzar en una reforma migratoria, para endurecer el régimen y comenzar a cobrarles a los extranjeros no residentes las prestaciones de salud y educación pública.
“Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria”, anunció el presidente Javier Milei, el 1° de marzo pasado, durante su discurso de apertura del 143° período de sesiones ordinarias.
En efecto, la iniciativa contemplaría mecanismos de deportación “más flexibles” y el cobro de servicios de salud y educación pública para extranjeros no residentes. En el caso de las universidades, el impacto real sería prácticamente nulo.
Es que, según el último relevamiento de la Secretaría de Educación, se contabilizaron 122.769 estudiantes extranjeros en el sistema universitario argentino, lo que representa apenas un 4,5 % del total de 2.720.531 alumnos de nivel superior. Además, las casas de estudio aclararon que quienes ingresan a cursar ya cuentan con DNI: es decir, no hay estudiantes extranjeros no residentes en las universidades del país.
Reformas legislativas de Milei: Ley Antibarras
Además, el oficialismo empujará la sanción del proyecto que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, conocido como Ley Antibarras, que crea la figura de “Asociación ilícita deportiva”, con el fin de agravar las penas a quienes sean imputados en tal marco.
En ese sentido, según indicó Bullrich, la iniciativa “tipifica el delito en un tipo de asociación ilícita especial, como una organización criminal“. De esta manera, se amplía la Ley de violencia en los espectáculos públicos, sancionada en 1985.
“Nosotros ahora hemos ampliado esta ley y no solo nos referimos a los delitos que se pueden cometer en relación a los espectáculos deportivos, especialmente el fútbol pero no solo, sino a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barrabravas”, explicó la funcionaria,
En efecto, la Ley Antibarras castiga todos aquellos mecanismos de financiamiento que tienen las organizaciones, que según la Ministra, en muchos casos, están avalados por las conducciones de los clubes, como por ejemplo la facilitación de entradas, el alquiler de micros o la entrada de elementos contundentes o armas a las canchas.
Además, en el marco de la figura de la asociación ilícita del fútbol, la normativa castiga también el rol de la dirigencia de los clubes que habilita las conductas de los barras. “Por ejemplo encontramos en muchas ocasiones armas de fuego, armas blancas que pasaron sin que nadie supiese los controles o que en definitiva estaban adentro unos días antes”, graficó Bullrich.
Cabe destacar que, el proyecto de Ley Antibarras fue redactado por el equipo de abogados del Ministerio de Seguridad y cuenta con el aval del presidente Milei, quien en las últimas horas respaldó a la funcionaria nacional, tras la brutal represión policial del miércoles pasado en la marcha de jubilados, que dejó un saldo de más de 100 detenidos y 20 heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, hospitalizado en grave estado tras recibir el impacto en la cabeza de una granada lacrimógena.
En ese contexto, el texto establece la penalización de quien “tuviere en su poder, introdujere en el área de un espectáculo deportivo, guardare o portare armas blancas, piedras, botellas u otros instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia o agredir, con motivo o en ocasión de tal espectáculo”.
Por otra parte, la Ley Antibarras busca penalizar a dos o más personas que, mediante el uso de violencia o intimidación, “alterare el normal desarrollo de un espectáculo deportivo, provocare disturbios, amedrentare o ejerciere presión sobre protagonistas, concurrentes u organizadores, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado”.
