El gobierno de Axel Kicillof este viernes aceptó las renuncias de dos jueces bonaerenses que abandonarán sus funciones desde el próximo 1° de septiembre, luego de recibir cargos en tribunales nacionales por iniciativa del presidente Javier Milei. Las salidas agravan el déficit de magistrados que atraviesa el Poder Judicial provincial y obligarán a poner en marcha nuevos procesos para cubrir los dos puestos estratégicos vacantes.
Los funcionarios que dejarían la estructura judicial bonaerense son Nicolás Grappasonno, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Matanza, y Nicolás Ramón Ceballos, titular del Juzgado de Garantías N°6 del departamento judicial de San Isidro.
En el primero de los casos, el Senado nacional aprobó el pliego de Grappasonno para que ocupe una vocalía en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. El nombramiento representa un ascenso dentro del fuero penal y deja vacante un cargo clave en uno de los departamentos judiciales más poblados de la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, Ceballos también recibió la aprobación de la Cámara alta para incorporarse como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°7. La salida del magistrado bonaerense afectará al departamento judicial de San Isidro, donde los tribunales concentran un elevado volumen de expedientes y afrontan demoras por la falta de funcionarios.
Las designaciones forman parte del proceso que impulsa el Ejecutivo nacional para cubrir cargos judiciales vacantes, aunque los movimientos también repercuten de manera directa sobre la estructura del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) mantiene vigente su reclamo por la cobertura de cargos, mientras numerosos juzgados y tribunales provinciales funcionan con magistrados subrogantes, personal sobrecargado y nombramientos pendientes de una definición de la conducción kicillofista.
Ahora, el Consejo de la Magistratura bonaerense deberá avanzar con los concursos para reemplazar a Grappasonno y Ceballos, en un escenario marcado por un déficit estructural de jueces, fiscales y defensores que fuerza la redistribución de causas, sobrecarga al personal y demora las respuestas judiciales.
Tras la salida de dos jueces, el Colegio de Abogados alerta por las vacantes en la Justicia bonaerense
En paralelo, el Gobierno nacional oficializó la designación de otros doce jueces, entre ellos Bernardo María Rodríguez Palma para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, Juan Tomás Rodríguez Ponte para el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°3 de Lomas de Zamora, y Santiago José Martín como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Mar del Plata.
Los nombramientos coincidieron con un nuevo reclamo del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires para que Kicillof y la Legislatura aceleren la cobertura de las cuatro vacantes de la Suprema Corte. Al respecto, la entidad profesional advirtió que el máximo tribunal funciona con apenas tres de sus siete integrantes y atraviesa una “desintegración sin precedentes en su historia”.
Asimismo, el órgano colegiado recordó que la Constitución provincial establece un plazo de quince días para presentar candidatos cuando queda libre un puesto, aunque algunos cargos permanecen vacantes desde hace años. Ante este escenario, el ente que nuclea a los abogados bonaerenses reforzó que la integración de los máximos tribunales constituye un “deber constitucional” y cuestionó que las negociaciones políticas dentro del Legislativo mantengan paralizado el proceso.
