Luego de que esta semana trascendiera que el Gobierno Nacional analiza suspender la Ley de Alquileres, la organización de Inquilinos Agrupados (IA) advirtió que de llevarse adelante la derogación de la normativa los inquilinos van a “pagar mucho más caro”.
“Lo que está evaluando el Ministerio de Economía es suspender la ley actual y fijar otras reglas, que son las que regían antes. Básicamente, es poder firmar contratos cortos con aumentos cada tres meses, cada seis meses, lo que decida el mercado”, adelantó el titular de la organización de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz.
Es que, el Gobierno comenzó a trabajar en distintas alternativas para suspender la Ley de Alquileres vigente desde junio de 2020. A la par, analiza la posibilidad de volver al esquema previo por 180 días mientras el Congreso de la Nación elabora una nueva reglamentación.
Por ello, el titular de la organización Inquilinos Agrupados sostuvo que “estamos esperando que haya una confirmación oficial sobre la suspensión”. “Aunque, por supuesto, no se podría hacer por decreto y debería pasar por el Congreso”, afirmó.
“Pero sospecho que por la presión del mercado inmobiliario inclusive podrían llegar a hacer algo así como hizo (Mauricio) Macri con la Ley de Medios (derogó la normativa a los pocos días de asumir”, admitió el titular de la organización Inquilinos.
Por otro lado, el Gobierno estudia la implementación de beneficios fiscales para los propietarios con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas. Entre ellas, la suspensión del pago del Impuesto a los Bienes Personales sobre los inmuebles alquilados, así como también, la suspensión del pago del Impuesto a Ganancias sobre los nuevos contratos.
En respuesta, Muñoz comentó que “no hay viviendas en oferta por diversos factores”. “El alquiler turístico, la vivienda vacía, grandes sectores que construyen para dejar vacío, porque lo hacen para dolarizar los pesos”, analizó.
Es preciso mencionar que, según el Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, desde que la Ley de Alquileres entró en vigencia, el costo de la renta en Argentina subió un 245%, un porcentaje que se traduce a que el inmueble que valía $20.000 por mes en julio de 2020, pasó a costar $69.000 en marzo de 2023.
A su vez, según estima el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, los contratos de alquiler que se renovaron en marzo en base al índice establecido por la Ley de Alquileres arrancaron con subas del 89,9%, mientras que los inquilinos que lo hagan los primeros días de abril tendrán un aumento del 92,59%.
Sin embargo, los inquilinos sostienen que la Ley de Alquileres vigente permite previsibilidad a quienes se encuentran en desigualdad de condiciones con el propietario y que los trascendidos desde Casa Rosada solo genera más incertidumbre a una situación de por sí delicada.
“Lo grave de este razonamiento es que se ha logrado establecer de manera hegemónica el argumento del mercado. La idea de que el mercado tiene que fijar el precio que le convenga para que haya oferta. Vamos a pagar mucho más caro en nombre de la oferta”, concluyo Muñoz.
Ley de Alquileres: qué dicen los proyectos del Congreso
La noticia sobre la suspensión de la Ley de Alquileres generó revuelo en todo el arco político, así como también, en la organización de Inquilinos Agrupados. Sin embargo, en junio del año pasado, en un plenario de comisiones, ya se había desarrollado un intenso debate alrededor de la normativa.
En ese entonces, durante el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el Frente de Todos (FdT) defendió la Ley de Alquileres sancionada en 2020, que establece contratos a tres años, actualización anual de los valores basados en un indicador promedio de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la variación salarial publicada por el Ministerio de Trabajo.
En concreto, el bloque oficialista emitió un dictamen donde se impulsaba una serie de incentivos fiscales, entre ellos, que los monotributistas propietarios no debían pasar al Régimen Impositivo General si tenían alguna propiedad en alquiler junto con la suspensión del pago de Bienes Personales por las unidades destinadas a alquilar con un tope de $30 millones.
Asimismo, el FdT proponía un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler, la ampliación de ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la AFIP, entre otras cuestiones.
Por su parte, el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) firmó un dictamen de minoría, que preveía un contrato de dos años, con un ajuste acordado libremente entre las partes basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y una actualización consensuada que podía ir de tres meses a un año.
Del mismo modo que el oficialismo, el interbloque opositor proponía beneficios para los monotributistas junto con la eximición del pago de Bienes Personales para propietarios que tengan viviendas de hasta $ 30 millones. Sin embargo, las diferencias entre ambos textos resultaron irreconciliables y, por entonces, no hubo acuerdo.
