Frente a la polémica generada por el acuerdo entre el titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y el intendente de Navarro, Facundo Diz, el Concejo Deliberante local en las últimas horas aprobó el proyecto del bloque UCR-PRO y creará una comisión investigadora para evaluar si hubo irregularidades en el convenio que obliga a los afiliados a atenderse exclusivamente en el hospital municipal San Antonio de Padua y que prohíbe que puedan elegir libremente a sus profesionales de cabecera.
“No solo tiene que ver con el acuerdo con el IOMA, sino que a lo largo del año se fueron dando diferentes irregularidades en cuanto a lo que es materia de salud. La firma del convenio directo entre Giles y el intendente es una gota más, pero que es la que rebalsó el vaso. Considero que hay que investigar cada uno de esos hechos y ver si hay algún tipo de responsabilidad de algún funcionario o del propio intendente. Con el resultado de la comisión investigadora, veremos cuál es la posición que opta el Concejo”, evaluó el autor del proyecto, el edil radical Mateo Natalini.
Según expresó el concejal opositor, el hospital municipal con el que los más 4 mil afiliados quedaron atados a atenderse por IOMA, tiene varios fallos en su historial. De acuerdo al documento que recibió luz verde del Concejo de Navarro, el centro de salud no está en condiciones de absorber toda esta demanda generada por el convenio entre Giles y Diz.
“Hay sospecha de manipulación de historia clínica; hay contratación de médicos extranjeros de manera irregular que no contaban con la reválida en el territorio nacional y que no podían ejercer la medicina en Argentina, pero que sin embargo atendían y prescribían medicamentos; hay una falta de cumplimiento de órdenes judiciales respecto a la entrega de un libro de guardia en el marco de una causa malapraxis; existe la utilización de la ambulancia por parte de algún tipo de personal para hacer mudanza; y también está el rechazo en dos oportunidades de la declaración de emergencia sanitaria que había declarado el Concejo, ambas vetadas por Diz”, enumeró Natalini.
Los votos para el proyecto de la creación investigadora fueron sumamente divididos, ya que el resultado se resolvió 8 voluntades afirmativas, 3 negativas y una abstención. Por la positiva estuvieron los concejales del bloque UCR-PRO, Alicia Odriozola, Lorena Maurer, Mateo Natalini, Leandro Rey; la edil de La Libertad Avanza, Soledad Lozano; y el peronista enemistado con Diz, Miguel Sabidowiski. Por su parte, la otra justicialista alejada del intendente, Paula Maggiotti (hermana del exalcalde Santiago Maggiotti), se abstuvo.
En tanto, los concejales del bloque UCR Espacio Abierto, Marcela Gómez y Horacio Rodríguez, si bien en un principio habían anunciado que votarían negativamente, terminaron mostrando una postura a favor tras un tenso cruce con el edil Natalini, que los acusó de “no defender a la gente”. Lo curioso, es que Rodríguez es médico, algo que el autor del proyecto no dejó pasar en su descargo. En cuanto a los votos en contra, estos pertenecieron a los 3 miembros de Unión por la Patria, Micaela Aón, Julieta Ravotti y Joaquín Odriozola.
“Esto yo lo vengo proponiendo desde hace un tiempo, y los demás bloques se resistían un poco. Esta fue la última sesión del año, y me parece que no podíamos dejar de hacerlo ante la gravedad de la situación que estamos atravesando, hay todo un pueblo pidiendo una destitución de un intendente. Nosotros tenemos que pensar que, si el intendente se equivocó, si comprobamos una falta grave, una irregularidad, vamos a ir a un juicio político sin problema”, fustigó el dirigente radical.
Vale recordar que el intendente Diz ya fue al Concejo el pasado 4 de noviembre a raíz de una interpelación de la oposición, que pidió explicaciones por la crisis sanitaria que vive Navarro. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. “Intentó justificar un poco el acuerdo con IOMA, no respondió. No aclaró nada. Llegamos a la comisión investigadora porque el problema se sigue agudizando, no se solucionó, el hospital sigue funcionando mal. Veremos ahora si hubo algún tipo de errores en el ejercicio de la administración pública”, apuntó Natalini.

“El hospital ya venía funcionando mal. Este convenio con IOMA, que amplía la demanda para el hospital, significará un colapso de la salud pública en Navarro. Todo eso ocurrió en el mismo hospital municipal que ahora quedó en el ojo de la tormenta. Se están suscribiendo recetas por parte del personal administrativo con la firma y el sello médico que no está físicamente, lo está haciendo personal administrativo que no está facultado. Los vecinos le piden soluciones a cada concejal, por eso también lo que nos quedaba por hacer era la comisión de investigadores. Queremos llevarla adelante para que la gente también tenga la tranquilidad”, cerró el concejal boina blanca.
El conflicto de IOMA en Navarro
Luego de haber roto convenio con FEMEBA en una veintena de municipios, en octubre el titular del IOMA encontró en Navarro su lugar ideal para implantar el modelo de salud cubano, que aprendió en sus años de estudio en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, con el que arremetió contra de más de 4 mil afiliados de su mutual.
A mediados de aquel mes, Giles firmó un convenio con el intendente Diz, que básicamente obliga a los afiliados del IOMA a atenderse en el único efector público de salud local, el hospital municipal San Antonio de Padua, y a no poder elegir libremente a sus profesionales de cabecera, como lo venían haciendo desde hace décadas.
De esta manera, el intendente Diz se quedó con una caja de más de $52 millones a costa de permitirle a Giles usar a Navarro como experimento de su modelo sanitario cubano. Sumado a eso, el convenio nunca pasó por el Concejo Deliberante así que los vecinos no conocen ni un artículo del acuerdo que los obliga a atenderse exclusivamente en el hospital local, ya que ni siquiera está garantizada la atención médica en municipios linderos como Lobos y Luján.

El escandaloso convenio causó que cientos de vecinos, profesionales y personal de salud coparan la Plaza San Lorenzo para manifestarse en contra del plan de Giles y Diz. Presionados, el titular de IOMA y el intendente de Navarro decidieron dar una conferencia de prensa en la que, tras ofrecer pocas respuestas a los reclamos de los presentes, tuvieron que huir custodiados por las fuerzas especiales el GAD.
La polémica tuvo su correlato en el Concejo Deliberante de Navarro, lugar donde debería haber sido tratado el convenio con el IOMA, algo que no sucedió gracias a que Diz prefirió no enviarlo. Allí, el intendente fue interpelado por los ediles, inclusive de Unión por la Patria, que, si bien escucharon respuestas escuetas y datos inconexos sobre el acuerdo, también se enteraron que el convenio tendrá vigencia durante tres años, hasta el final de su mandato, y que se rubricó con su sola firma, concentrando todas las responsabilidades.
En medio de su pelea contra IOMA, FEMEBA también se metió en la controversia de Navarro con una conferencia de prensa en la que apoyaron al Círculo Médico local, calificaron al acuerdo de “irresponsable”, y respaldaron a los más de 4 mil afiliados que se quedaron sin la libre elección de los profesionales y sin atención en localidades vecinas. “Son los principales perjudicados de esta decisión que se tomó sin consultar a nadie y sin siquiera avisarle a la comunidad”, definieron desde la Federación.
Fue tal el bochorno causado por el acuerdo entre Navarro y el IOMA, que el caso llegó hasta la Legislatura bonaerense, donde el bloque del PRO presentó un pedido de informes al gobierno de Axel Kicillof para obtener detalles sobre la articulación entre Giles y Diz, como el número de afiliados locales de la obra social y con cuántos médicos cuenta el hospital San Antonio de Padua.
Además de juntas de firmas y el avance de un recurso de amparo que presentaron en la Justicia, el martes pasado cientos de vecinos y afiliados salieron a rechazar enérgicamente el acuerdo entre IOMA y Diz con un cacerolazo bajo la consigna “Todos Juntos por IOMA”, que incluyó una caminata alrededor de la plaza San Lorenzo donde los más de 200 manifestantes exigieron la inmediata anulación del convenio entre la mutual y la comuna.






