lunes, mayo 13, 2024

Congreso: piden el juicio político de la jueza que intervino en el caso de Lucio Dupuy

Diputados del Pro denunciaron por "negligencia reiterada"a Clara Pérez Ballester, la jueza que le dio la tenencia de Lucio Dupuy a la madre de este.

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Los diputados del Pro La Pampa, Martín Ardohain y María Laura Trapaglia, presentaron este miércoles un pedido de juicio político para la jueza que intervino en el caso de Lucio Dupuy, Ana Clara Pérez Ballester, quien le dio la tenencia a Magdalena Espósito Valenti, madre del menor de 5 años, previo al crimen ocurrido en noviembre de 2021.

Luego del fallo que condenó a Valenti y a su pareja Abigail Pérez por el homicidio de Lucio Dupuy, los legisladores del Pro detallaron que realizaron la denuncia a la jueza Pérez Ballester “por incumplimiento reiterado de los deberes de funcionaria judicial y negligencia reiterada en el ejercicio del cargo”.

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Para los diputados Ardohain y Trapaglia, la magistrada debe explicar por qué “no se realizó un informe socio-ambiental del contexto familiar, donde iba a vivir Lucio; no se escuchó al menor; ni se notificó al padre del menor, que tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental”.

Previo al crimen de Lucio Dupuy, la jueza Pérez Ballester dio la tenencia a la madre del menor.
Previo al crimen de Lucio Dupuy, la jueza Pérez Ballester dio la tenencia a la madre del menor.

En detalle, el pedido de juicio político a la jueza Pérez Ballester busca establecer los motivos de “la atribución del cuidado personal del niño Lucio Abel Dupuy a su progenitora” que “derivó en los malos tratos y consecuente muerte del niño”.

“La magistrada omitió el cumplimiento de deberes a su cargo, deberes que implicaban adoptar las medidas necesarias para la protección del interés superior del niño, el cual debe estar presente en toda actuación de este tipo”, afirmaron los legisladores del Pro en su presentación.

En tanto, los diputados del oficialista Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa) también anunciaron que presentarán un pedido similar que, según las fuentes, se concretará en las próximas horas en las oficinas del Superior Tribunal de Justicia.

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Cabe destacar que, Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa a causa de las lesiones que le provocaron su madre Valenti y su pareja Páez, a quienes ayer el Tribunal de Audiencia declaró culpables por “homicidio triple y doblemente agravado”.

Asimismo, a la pareja de la madre la condenó por abuso sexual, con acceso carnal, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años.

El caso de Lucio Dupuy, tuvo llegada a nivel nacional por la brutalidad que ejercieron las condenadas contra el niño. En ese sentido, el abuelo del niño, Ramón Dupuy, consideró que “va a ser un antes y un después”, por lo que aseveró que hay que “mirar fijamente a la niñez”.

Ley Lucio: qué establece el proyecto

Al tener como objetivo la prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la ley Lucio dispone la instrucción obligatoria para todas las personas que ejercen la función pública en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En esa línea, la reglamentación que cuenta con media sanción establece que el Ejecutivo y el Judicial actuarán articuladamente para la creación de un protocolo que establezca las formas de actuar de las fuerzas de seguridad, organismos de la niñez y jueces con competencia en familia.

También dispone que el Estado deberá realizar campañas de concientización semestrales que ayuden a detectar y prevenir el maltrato y violencia contra niños, niñas y adolescentes, por lo cual prevé la obligatoriedad de la implementación de la Línea 102 en todo el territorio argentino.

La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Asimismo, la Secretaría será la encargada de producir los contenidos del Plan Federal de Capacitación.

Por último, la ley Lucio incorpora la reserva de identidad, que protege a aquellas personas, que con conocimiento de alguna situación de maltrato infantil, realizan la denuncia.

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