El senador bonaerense de La Libertad Avanza, Carlos Kikuchi, elevó un pedido de informes para que el Gobierno de Axel Kicillof explique por qué aumentaron la cantidad de hechos de inseguridad, según reflejan los últimos datos oficiales del Ministerio Público, y cuáles fueron las medidas tomadas para combatir el avance del delito en la provincia de Buenos Aires.
“En la provincia dos bonaerenses pierden la vida cada día por culpa de la inseguridad y de un Estado ausente que no hace nada por cuidarlos. Por eso presentamos un informe para que el Ejecutivo explique qué plan de seguridad está llevando adelante“, dijeron desde el bloque de senadores bonaerneses de La Libertad Avanza.
El último informes difundido sobre el Ministerio Publico bonaerense destaca que en 2022 el organismo inició unas 924.492 investigaciones y en 2023 esa cifra escaló a 1.036.696. “Los datos reflejan por lo menos un llamado de atención acerca de la utilidad y eficiencia de las medidas y la canalización de los recursos dispuestos al efecto“, sostuvo Kikuchi.
En ese sentido, el senador que integra la bancada que preside Sergio Vargas en su pedido de informes presentado en la Cámara alta bonaerense reclama conocer cuáles son las causas identificadas de incremento de la criminalidad, la cantidad de homicidios en situaciones delictivas, el número de robos denunciados y el perfil de las víctimas.
“El de pedido de informes tiene por objeto que se detallen las causas y motivos que se identifican respecto del incremento de los índices de criminalidad en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los datos oficiales suministrados por el Ministerio Público, los que muestran un notable incremento”, añade el texto.
Según el organismo, si bien las causas iniciadas en los 20 departamentos judiciales bonaerenses aumentaron un 12 % respecto del año pasado, los delitos investigados subieron en todos los distritos, excepto en los que se centralizan en Necochea (en donde las causas bajaron un 7,1%), Dolores (-3,4%) y San Nicolás (-0,9%).
El trabajo del Ministerio Público también refleja que en el top cinco de las fiscalías de la provincia de Buenos Aires en las que se iniciaron más investigaciones se ubican Mar del Plata (25,9%), La Plata (19%), La Matanza (18,3), Moreno–General Rodríguez (18,1) y, por último, Lomas de Zamora (15,1%).
Asimismo, Kikuchi le exige al Ministerio de Seguridad a cargo de Javier Alonso saber cómo se compone la flota de las fuerzas bonaerenses, la cifra exacta de móviles policiales y efectivos destinados a cada municipio, los recursos invertidos en la lucha contra el delito y las medidas operativas llevadas adelante por la cartera.
“Es claro que no se trata de gastar más o menos, sino de adoptar medidas eficientes. Lo
que los índices ponen de manifiesto es que se encuentra por lo menos en duda, la eficiencia de las medidas adoptadas”, pondera Kikuchi en los fundamentos del pedido de informes dirigido al Gobierno de Kicillof.
En esa línea, el articulado impulsado por el senador de La Libertad Avanza enfatiza en que el “acceso a información precisa sobre esta problemática es fundamental para poder evaluar la efectividad de las medidas que se deben implementar diseñando nuevas estrategias para prevenir y disuadir este tipo de delitos”.
Senado bonaerense: la comisión de Seguridad sigue en veremos
En este contexto, mientras crecen los índices de delito en la provincia de Buenos Aires, como informó en exclusiva este medio, el Senado bonaerense todavía no puso en marcha de la comisión de Seguridad que, a tres meses del inicio del 152° período legislativo, sigue sin confirmarse y no parece haber noticias al respecto.
En rigor, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, a fines de marzo firmó el decreto de conformación de los cuerpos parlamentarios que dejó casilleros vacantes en varios producto de movimientos en los bloques y a la comisión de Seguridad sin conformar.
Según supo Diputados Bonaerenses, tempranamente la comisión de Seguridad trajo problemas para el blque de senadores de Unión por la Patria. Ocurre que, la presidencia del cuerpo era reclamada con firmeza por el PRO, para entregarsela a la senadora Florencia Arietto, que finalmente se mudó a uno de los bloques libertarios.
Sin embargo, el oficialismo tiene reservada esa silla para Sergio Berni, quien sería el presidente “natural” de esa comisión por venir de ocupar la jefatura del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y por haber ubicado en ese cargo Javier Alonso, un alfíl que le responde políticamente.
El motivo de la demora se desprendería de una desavenencia que arrastra el bloque de Unión por la Patria desde el año pasado cuando el ex titular de la cartera de Seguridad reclamó la vicepresidencia 1° del Senado bonaerense, pero en ese sillón fue revalidado el legislador de Malvinas Argentinas, Luis Vivona, en detrimento de las intenciones de Berni.
Esa designación en las autoridades de la Cámara alta habría ocasionado un fuerte malestar en el despacho del exministro de Seguridad, que por estas horas no tendría demasiado interés en ocupar la presidencia de la importante comisión que todavía, a esta altura del año, sigue sin conformar, pese a que los índices de delito sigan trepando.
