En las últimas horas, los sindicatos de trabajadores nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT), entraron en un estado de alerta máxima por la publicación del Decreto 149/2025, que lleva la firma del presidente Javier Milei, y elimina la obligatoriedad para los empresarios a realizar aportes a las cámaras empresariales.
Aunque la norma publicada en el Boletín Oficial no afecta directamente a los gremios de trabajadores, en la CGT crece la preocupación por la posibilidad de que el Gobierno extienda la misma lógica a los sindicatos y suprima los aportes obligatorios de los empleados, destinados a financiar el aparato sindical o beneficios adicionales para el propio sector obrero, como seguros de retiro o sepelio.
Mientras los abogados sindicales analizan el impacto del decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, algunos dirigentes de la CGT ya enviaron mensajes a funcionarios del Gobierno nacional, con el objetivo de conocer los planes de la administración libertaria respecto de los aportes de los trabajadores a los sindicatos.
Es preciso mencionar que, la inquietud entre los gremialistas no es menor, ya que en el sindicalismo consideran que el Gobierno de Milei avanzó sobre los convenios colectivos de trabajo, un terreno que es exclusivo de la negociación entre empresarios y gremios.
Esas cláusulas que el Gobierno pretende eliminar con la destitución de la obligatoriedad, incluyen aportes obligatorios que garantizan el financiamiento de la estructura sindical y que, en muchos casos, fueron clave para sostener servicios como mutuales y farmacias que benefician a los afiliados.
A pesar de que en el Ejecutivo afirman que el decreto no tiene impacto directo sobre los sindicatos, la falta de precisiones genera incertidumbre en los dirigentes. “Todo esto genera mucho ruido y malestar”, admitió un dirigente de la CGT, que, como el resto, conoció la nueva medida del Gobierno a través de los medios.
Por el momento, los gremialistas buscan de manera poco exitosa respuestas en los funcionarios más cercanos a la toma de decisiones, como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El temor sindical tiene respaldo en la situación que vivieron a finales de 2023, con el mega DNU 70/2023, que estableció que las cuotas solidarias que los gremios cobran a los trabajadores no afiliados solo podrían descontarse con el consentimiento explícito del empleado.
En la práctica, la medida amenazaba con desfinanciar a los sindicatos, que dependen de esos ingresos. La CGT reaccionó con fuerza y logró que la Justicia suspendiera la aplicación del decreto en lo referente a la legislación laboral, lo que representó un gran alivio para las organizaciones gremiales.
Sin embargo, el Gobierno intentó reinstalar la misma disposición en la Ley Bases, aunque finalmente la eliminó del texto ante la presión sindical. Ahora, con el nuevo decreto, el oficialismo vuelve a enviar señales que inquietan a los sindicatos.
Otro antecedente que refuerza la incertidumbre de los sindicatos es el proyecto de “Democracia Sindical” presentado en la Cámara de Diputados por legisladores del radicalismo, el PRO y otros espacios opositores, conocida dentro del Congreso como “Ley Tetaz“.
La iniciativa presentada en 2024 que lleva el nombre del diputado radical, Martín Tetaz, proponía prohibir las cuotas solidarias, al establecer que los gremios no pueden imponer aportes obligatorios y que cualquier descuento requeriría autorización expresa del trabajador. Aunque la propuesta perdió estado parlamentario, el hecho de que se impulse nuevamente generaría un escenario aún más complicado para los sindicatos.
Para el sindicalismo, la eliminación de los aportes compulsivos significaría un golpe letal a sus finanzas. Según el líder del gremio de Comercio, Armando Cavalieri, esta medida “de este tipo. “Si este decreto voltea las cuotas solidarias, “pondría en bancarrota a todo el gremio”, ya que más de un millón de trabajadores aportan todos los meses a la estructura sindical, lo que permite sostener servicios esenciales.
Por su parte, la CGT ya demostró en el pasado que está dispuesta a dar batalla cuando sus intereses se ven amenazados. De esta manera, si el Gobierno de Milei decide finalmente avanzar sobre los aportes sindicales, la confrontación con la dirigencia gremial podría alcanzar niveles inéditos.
Por el momento, el decreto 149/2025 afecta solo a las cámaras empresariales, aunque el temor de los sindicatos es que sea solo el primer paso de una estrategia más amplia. Nadie lo confirma, pero tampoco lo descartan. La incertidumbre crece y la tensión entre el Gobierno y los gremios podría escalar rápidamente.
